el Gobierno puso ayer letra de decreto a la posibilidad, barajada por dirigentes del PP como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de que los parados ejecuten diversos trabajos públicos. Un real decreto, que verá la luz en breve, establecerá que «las personas que están recibiendo prestación» puedan ser requeridas para tareas de «colaboración» en la limpieza y reconstrucción de zonas afectadas por incendios forestales». La medida, anunciada ayer tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Gobierno, deja en manos de las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro la solicitud colaboración.

Bosques de Capmany (Alt Empordà) arrasados por las llamas este verano. JORDI RIBOT / ICONNA

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Información publicada en la página 28 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 08 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Sáenz de Santamaría explicó que se trata de una posibilidad que permite la ley general de la Seguridad Social desde 1994. Los desempleados solicitados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para este cometido cobrarán siempre más del salario mínimo interprofesional (641,40 euros), según indicaron fuentes del Ministerio de Empleo a Europa Press. Las administraciones o entidades deberán aportar la diferencia y también hacerse cargo de las cotizaciones del parado que sufriera un accidente laboral en esa misión.

PROPAGANDA Y POPULISMO / Los sindicatos CCOO y UGT rechazaron con contundencia esta medida, ya que creen que forma parte de una campaña para «culpabilizar» a los parados de su situación y sospechan que tras ella se oculta un intento de procurar a las empresas mano de obra gratuita. «Ya está bien de crear propaganda con cosas que ya existen», dijo a este diario Paloma López, secretaria de empleo de CCOO. «Lo que debe hacer el Gobierno es crear planes de empleo», reclamó la líder sindical.

El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que estudiará a fondo el decreto, ya que los trabajos de colaboración social están perfectamente regulados y además son prestados por empresas que han logrado esa actividad a través de concursos y por la que obtienen un beneficio. Ferrer expresó su «preocupación» por el «populismo» del Gobierno que culpa a los parados de situación «ociosa». Además, según el dirigente de UGT, el Ejecutivo pretende «tapar» que parte de los incendios son «fruto de los recortes y del abandono de los montes».

Los sindicatos insistieron en que el empleo de parados en tareas sociales ya está regulado desde 1994 y es una obligación para los parados, siempre que el trabajo se adapte a sus condiciones físicas y profesionales. Son las administraciones y las entidades las que pueden, mediante convenios de colaboración ya previstos, llamar a parados para realizar trabajos para la comunidad. También está regulada desde hace años la subvención que recibirá el ayuntamiento correspondiente para buscar la colaboración de los parados. Estos seguirán recibiendo su prestación por desempleo y es la corporación municipal a la que corresponde abonar los gastos sociales como la cotización a la Seguridad Social.

Además del anuncio de la vicepresidenta, el Gobierno sólo facilitó una nota remitida por Empleo, pese a que la primera alerta la lanzó el pasado jueves el ministro de Agricultura en su comparecencia en el Congreso para informar de los incendios de este verano.

VENTAJAS PARA EL EMPRESARIO / En todo caso, el decreto está elaborado por varios ministerios y esconde novedades que nada tienen que ver con el trabajo social de los parados ni fueron comentadas ayer por la vicepresidenta, como bonificaciones fiscales para los propietarios de las tierras quemadas y despidos en empresas afectadas por incendios. Por ejemplo, se exonera al empresario cuya actividad ha quedado paralizada o afectada por el incendio del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de la actividad. En caso de que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones a los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). También podrán recibir prestaciones por desempleo los trabajadores incluidos en ERE que carezcan de periodos de cotización.

Además, las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán pedir y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores al siniestro. Estas medidas se aplicarán a los incendios forestales y a otras catástrofes naturales que se han producido en junio, julio y agosto y estará vigente hasta el 1 de noviembre para los siniestros que se puedan producir hasta entonces.