Las multinacionales del tabaco han perdido el pulso con el Gobierno de Australia después de que la justicia de ese país haya desestimado su recurso contra la ley que obliga a que los paquetes de cigarrillos sean homogéneos y sin publicidad. El Tribunal Superior de Camberra ha dictaminado que la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, no contraviene la Constitución ni infringe los derechos de propiedad intelectual como denuncia la industria tabaquera.

Imagen del nuevo modelo de cajetillas de tabaco que deberán adoptar todas las tabacaleras a partir de diciembre en Australia. LUKAS COCH | EFE

Australia se convierte así en el primer país en adoptar el empaquetado genérico, sin marcas ni textos de promoción del tabaco, mientras que otros países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos se estudian medidas similares.

Encabezados por la británica British American Tobacco (con marcas internacionales como Lucky Strike), entre los demandantes figuran Japan Tobacco International, Imperial Tobacco (Cohiba o Golden Virginia) y Philip Morris (Marlboro, L&M o Chesterfield).

Con advertencias sanitarias

"Al menos una mayoría de este tribunal opina que la ley no es contraria (a la Constitución de Australia)", sostienen los jueces, que presentarán sus argumentaciones en una fecha posterior. Las compañías no podrán recurrir la sentencia y tendrán que empezar a empaquetar el tabaco en cajetillas de color verde oliva, con tipografía homogénea y en letra pequeña la marca, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. Además, las cajetillas deberán incluir las advertencias sanitarias con imágenes de tumores cancerígenos y bebés enfermos que ocuparán el 75% de la parte frontal de los envoltorios y el 90% de la posterior.

Una de las personas que más ha defendido la nueva ley es la fiscala general australiana, Nicola Roxon, exministra de Sanidad y cuyo padre murió de cáncer de esófago provocado por el tabaco cuando ella tenía 10 años. "Es un hito para el control del tabaco en el mundo. Otros países podrían considerar ahora tomar medidas parecidas", ha señalado Roxon.

Tras conocer el veredicto, el presidente del Consejo de Tabaco y Salud, Mike Daube, ha subrayado que se trata de "una victoria masiva para la salud pública" y "la peor derrota de la industria tabacalera mundial". Daube, que dirigió el comité que asesoró al Gobierno sobre la ley, ha recordado que "las compañías tabaqueras se han opuesto al empaquetado homogéneo con más ferocidad que contra cualquier otra medida".

Contra la propiedad intelectual

Por su parte, las empresas tabaqueras insisten en que la ley les causará pérdidas millonarias y que viola sus derechos de propiedad intelectual al prohibirles utilizar sus logotipos. El portavoz de British American Tobacco, Scott McIntyre se ha mostrado "extremadamente defraudado" con la decisión del tribunal, sin embargo indicó que cumplirán con la normativa, aunque consideran que "el Gobierno no tiene el derecho de sustraer la propiedad intelectual de las compañías".

Para Sonia Steward, portavoz de Imperial Tobacco, "la legislación facilitará el trabajo de los contrabandistas al abaratar sus costes" y precisó que el Estado debería compensar a las compañías por privarles de su imagen de marca.

Algunos países como Honduras, la República Dominicana y Ucrania se han opuesto en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la normativa australiana al considerar que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Según las autoridades hondureñas, la legislación elimina "la función básica de una marca, que es permitir a los consumidores distinguir productos de distintas compañías". Los denunciantes también alegan que la normativa australiana pondrá restricciones al comercio al regular el empaquetado del tabaco, aunque de hecho sus exportaciones a Australia tienen un volumen poco significante.

Unos 15.000 australianos mueren cada año a causa de dolencias relacionadas con el tabaquismo, un hábito que según fuentes oficiales cuesta cada año unos 31.871 millones de dólares a la arcas del Estado de este país oceánico. El Gobierno aspira a recortar el número de personas fumadoras del 15% de la población actual al 10% en el 2018.