Los países de la UE podrán vetar los transgénicos en sus territorios

Ya es definitivo: los 28 estados miembros de la Unión Europea tendrán a partir de ahora libertad para prohibir el cultivo y el comercio en su territorio de organismos modificados genéticamente (OMG), conocidos popularmente como transgénicos, incluso en el caso de que las autoridades comunitarias hayan dado su visto bueno al mismo producto. Así lo confirmó ayer el Consejo de la UE, donde están representados todos los países, tras sendos acuerdos previos alcanzados por el Parlamento Europeo y la Comisión. La idea de armonizar a nivel comunitario las reglas en materia de transgénicos, planteada por Bruselas en el 2010, estaba aparcada por las discrepancias entre los estados miembros.

La nueva norma, que se espera sea efectiva esta misma primavera, permitirá que cualquier Estado se oponga a un transgénico alegando razones medioambientales, de política agrícola, planificación urbanística, uso de la tierra o de impacto socioeconómico, entre otras.

CADA UNO A SU AIRE / Actualmente, un gran número de estados miembros, entre ellos Francia, Austria y Hungría, cuentan con medidas nacionales contra determinados transgénicos que han sido autorizados por la Comisión, lo que crea dificultades legales. En la UE, en cualquier caso, solo se cultiva un OGM, el llamado maíz MON810, un cereal patentado por Monsanto y comercializado por varias empresas que se planta para combatir la plaga del taladro.

«Las nuevas normas darán a los países la libertad de elección. Podrán decidir si quieren o no cultivos transgénicos en su territorio. Ello respeta el principio de subsidiariedad y respeta las preferencias de los ciudadanos y de los productores»,  dijo en un comunicado el ministro letón de Agricultura y presidente de turno de la UE, Janiz Duklavs.

Hasta ahora, la Unión Europea aprueba o veta un OGM dependiendo de razones medioambientales o sanitarias, pero la responsabilidad de la autorización final recae sobre el Ejecutivo comunitario puesto que, como ocurre en la mayoría de los casos, los estados miembros no logran un consenso mayoritario ni a favor ni en contra del producto. Con esta modificación, un país podrá prohibir el transgénico en su territorio aunque esté permitido en el resto de la UE.

Como resultado de las negociaciones, se ha introducido como criterio para rechazar el transgénico los «objetivos de la política medioambiental», más allá de la evaluación de riesgo que emita la Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA). El papel de las compañías de transgénicos en este proceso era uno de los principales obstáculos para el acuerdo, ya que la Eurocámara no aceptaba la tramitación en dos fases defendida por la Comisión y los países. Bajo esa fórmula, el Gobierno contrario a un OGM estaba obligado a pedir primero a la empresa que le excluyera explícitamente a la hora de presentar la solicitud de autorización. Finalmente, se ha impuesto en parte la posición de los eurodiputados y esta exigencia que privilegia a la industria pasa a ser facultativa.

Otra de las novedades que introduce el acuerdo es que los estados miembros que permitan el cultivo de transgénicos en su territorio deberán tomar medidas para garantizar que no haya «contaminación transfronteriza». Estas salvaguardas no se aplicarán en zonas en las que la condiciones geográficas hagan estas medidas innecesarias.