Los padres de los viernes

Por cuarta vez desde hace un mes, un grupo de personas pasaron ayer unas horas protestando frente a la sede de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Son miembros de Aprodeme, Asociación para la Defensa del Menor, personas a las que la Generalitat ha retirado hijos por considerar que no estaban bien atendidos, que estaban en peligro. Lo primero a lo que se enfrentan es al razonamiento de todo interlocutor de que algo habrá pasado para que la Administración haya tomado una decisión tan drástica. Este diario no tiene pruebas de que los padres que se concentran cada viernes tengan razón, pero sí tienen una historia. Su versión. Y quieren contarla.

Aprodeme fue fundada por Francesc Cárdenas, 52 años, que hasta el 2009 tenía una niña de tres años y medio en preadopción. Entre los cinco aquí expuestos, es el único caso que afecta a un descendiente no biológico. Cárdenas y su esposa tuvieron a la niña desde los seis meses de edad. Con el tiempo se separaron y los cambios fueron los de cualquier familia que vive este trance. La menor se quedó con la madre y él, dice, la visitaba a diario. Periódicamente, él y su exmujer visitaban con la niña la oficina del Institut Català d'Acollida i Adopció. Comprobación de que todo iba bien.

Una visita inolvidable

Un viernes, en marzo del 2009, la vida cambió. La niña fue llevada a otra habitación y a Cárdenas y a su expareja les dijeron que no la verían nunca más, que existían factores de riesgo que así lo aconsejaban. No pudieron ni llevarle ropa, no fue nunca más al colegio al que iba a ir ese viernes. Se la quedó otra familia. El hasta entonces padre -si bien al no cerrarse la adopción, la tutela seguía en manos de la Admnistración- estalló, pero no pudo hacer nada. Ha perdido ya tres juicios y le queda el Tribunal Constitucional. Sabe que ahora quizá es demasiado tarde, aunque no para todo:«La niña tiene seis años, recuperarla ahora quizá no sería lo mejor para ella. Pero pido que al menos me la dejen ver, como si fuera su tío».

Patricia Jiménez tiene 27 años y dos hijas y está feliz, con matices. Según cuenta, años atrás vivía en Vilanova i la Geltrú (Garraf) con su novio. Tuvieron una discusión y este la echó de casa de malas maneras. Ella lo denunció y a él le impusieron una orden de alejamiento. Pasados unos meses, hicieron las paces, el episodio quedó en el olvido y, en apariencia, la orden de alejamiento fue anulada. Y se fueron a vivir a Sabadell. En agosto del 2008 tuvieron una hija. En otoño, dice Jiménez, hubo una ola de robos en su barrio y una noche su novio, pensando que estaban a punto de sufrir uno, llamó a los Mossos. Los agentes no encontraron a ladrón alguno, pero al comprobar la identidad de quien les había llamado detectaron la existencia de la orden de alejamiento. A él lo detuvieron, a ella le dijeron que llevara a la niña con algún familiar, que fue su suegra. Dos días después, juicio rápido, les pidieron disculpas, la orden ya no estaba vigente. Ello no evitó una visita de cuatro mossos, un psicólogo y una asistenta social a Jiménez, que se recuperaba del susto con la niña en casa de una amiga. Se llevaron a la menor y la tuvieron seis meses en un centro. Según la madre, suspendieron el tratamiento médico consecuencia de una fisura palatal de nacimiento. Una operación quirúrgica se retrasó y ella atribuye a este hecho que su hija sufra hoy una sordera, por ahora temporal.

Posible negligencia

La DGAIA no ha querido comentar ninguno de los casos citados por este diario, con la excepción del de la hija de Jiménez: la Administración comprobará si existió negligencia médica, ya que fue un médico el que suspendió el tratamiento por considerar que la menor estaba demasiado débil para afrontarlo.

Peor perspectiva tiene Florentina Gragera, de 38 años, 15 batallando con la Generalitat por sus hijos: dos, de 9 y 12 años, están bajo tutela de la Administración. Antes lo estuvo otra, ya mayor de edad. Ella es benediciaria de la renta mínima. Su denuncia inicial: se quedaron a su primera hija con un papel firmado que limitaba a un año la estancia en un centro y luego no solo no se la devolvieron sino que se le quedaron a los otros dos. Y que estos no han estado en las mejores condiciones.

Imma Lázaro apenas aguanta la emoción cuando explica que su hija adolescente, de 14 años, que tuvo anorexia, está internada en un centro y que solo la puede ver una hora al mes. Lo atribuye a una denuncia falsa de su exmarido, y en general a la influencia de este.«Cada vez que la veo está peor».A Lázaro le atribuyen trastornos psicológicos y ella se siente en un callejón sin salida. Siente que tiene razón, como lo siente Ángel Franco, a quien la Generalitat retiró la tutela de una hija de dos años después de que la madre, dice, los abandonara. Él, en paro,«trabajaba en la obra»,no entiende que lo consideren incapaz de convivir con su hija cuando tiene uno mayor, de 11 años, de una pareja anterior. Los citados, de un modo u otro, han conseguido saber dónde están sus hijos o verlos. Protestan los viernes buscando recuperarlos. Quién sabe si cargados o no de razón.