iniciativa legislativa
Los obispos censuran la ley antihomofobia que prepara el Parlament
Los obispos catalanes cargaron ayer contra la ley que tramita el Parlament para erradicar la homofobia, un proyecto que calificaron de «muy desacertado» tal y como está actualmente redactado. Aunque admitieron la necesidad de acabar con cualquier tipo de discriminación «por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas», los obispos consideraron que el proyecto de ley puede tener «graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Catalunya».
El pasado martes, la Cámara catalana dio vía libre al dictamen de la ley, cuyo texto fue aprobado en la Comisión de Bienestar y Familia con la única oposición del PPC y el rechazo parcial de UDC, y que ahora será llevado al último pleno antes de las vacaciones de verano -los próximos días 23 y 24-, que aprobará la norma.
CDC, Esquerra, PSC, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP votaron favorablemente al dictamen de una ley que pretende garantizar los derechos del colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y erradicar la homofobia, aunque estas fuerzas confiaron en que la «amplia mayoría» actual pueda aumentar cuando se vote en el pleno de la Cámara catalana.
Según explicó el martes la diputada de ERC Anna Simó, el dictamen «incluye todas las formas de discriminación posibles, atendiendo a la jurisprudencia europea», informa Efe. También contempla garantías como la inversión de la prueba, «un paso muy importante» --explicó Simó- en los casos de discriminación, en los que a menudo es muy difícil reunir pruebas, y que implica que es la persona presuntamente discriminadora la que debe probar que no ha discriminado.
Asimismo , el dictamen de la ley prevé infracciones leves, menos graves y graves, que en el primer caso podrían acarrear el pago de un día de multa a razón del indicador de renta de suficiencia de Catalunya y, en el caso más grave, hasta de dos años de pago.
En los casos más graves también se podría llegar a suspender durante un año o dos la posibilidad de acceder a concursos de contratación pública o ayudas.
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