Los notarios reniegan de la celebración de bodas en sus oficinas
El colectivo tacha de "cortina de humo" que Gallardón les conceda la posibilidad de cobrar por oficiar matrimonios, separaciones y la nacionalidad
Por qué confiar en El Periódico Al contrario de lo que podría parecer, losnotarios no han recibido con los brazos abiertos la posibilidad de dar fe de la celebración debodas, separaciones odivorcios o de la adquisición de lanacionalidad. El Consejo General del Notariado ha tachado este martes de "cortina de humo" que la reforma integral de los registros contemple esta posibilidad, previo pago a los notarios dearanceles que rondarán los 100 euros.
El presidente del Consejo, José Manuel García Collantes, ha sugerido en un desayuno informativo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha introducido la delegación de funciones hacia los notarios para esconder que la reforma a quien beneficia en su opinión por completo es a losregistradores de la propiedad y mercantiles, que asumirán la gestión delRegistro Civil y otra media docena de registros.
Collantes ha admitido que los notarios sienten que esta reforma "minusvalora" su labor, dado que en diversos trámites su trabajo estará supeditado al de los registradores. Es decir, tanto los matrimonios como los divorcios que ellos gestionen no tendrán validez hasta que no sean inscritos por los registradores. "Yo ya les he dicho en el ministerio que esa competencia no la quiero", ha lamentado el representante del colectivo de notarios.
Otro tanto pasa con la jura ante notario de la nacionalidad. La reforma señala que los notarios ordenarán en un "acta notarial" todos los documentos necesarios y después los registradores lo inscribirán. "Yo no he realizado una oposición para ordenar documentos", ha denunciado Collantes.
La privatización
El representante de los notarios ha negado además que se opongan a la reforma de los registros, como sostiene el ministerio de Justicia, por una cuestión meramentecorporativa. Collantes ha aseverado que se oponen porque la ley "privatiza un servicio público", dado que los registradores cobrarán por muchas certificaciones que ahora son gratuitas. Asimismo crea un "macro-registro con conexión telemática", lo que a su juicio es "moderno pero peligrosísimo" para la privacidad de las personas.
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