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El anuncio del conseller de Interior, Felip Puig, de comenzar a multar a prostitutas y clientes el próximo verano, después de las elecciones municipales del 22 de mayo, agrada a unos alcaldes pero no convence a todos. Dicen que hace falta concretar un proyecto general para toda Catalunya, pero que, de momento, falta cualquier tipo de coordinación. Además, el propio Puig ya admitió que la solución definitiva solo puede venir del código penal, que es competencia del Estado. Los alcaldes se ven impotentes a la hora de combatir el problema por su cuenta, pese a sus numerosos intentos.

Prostituta junto al cartel de una gasolinera, en la N-2, en la Selva, entre los términos de Vidreras y Tordera. JOAN CASTRO/ CLICK ART FOTO

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Las medidas han tenido cierto resultado, pero casi siempre de forma temporal. Y no han erradicado el problema sino que solo lo han desplazado a otros municipios y otras carreteras. Si Tordera empezaba a multar a clientes y prostitutas, las mujeres se desplazaban un poco más al norte y Vidreres y Sils respondieron rápidamente con su propia ordenanza.

Hasta ahora, cada municipio ha intentado librar la batalla por su cuenta, con más fracasos que éxitos, ya que esta primavera, con el regreso del buen tiempo, las mujeres siguen ahí, como cada año, al borde de la carretera, sobre todo por las comarcas de Girona. Las medidas son variopintas: ordenanzas para poder multar a las chicas y sus clientes; vigilantes privados para apoyar a la policía local en una persecución casi imposible, e incluso piedras de gran tamaño para impedir el acceso a lugares donde los clientes suelen aparcar sus coches.

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