El propósito del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la ley de salud sexual y reproductiva (que incluye el derecho a abortar) con el fin de ilegalizar la interrupción de la gestación de un feto con malformaciones es visto por los médicos como un «grave retroceso» que devolvería la atención del embarazo a la era predemocrática.

Manifestación contra la ley del aborto celebrada en Madrid, en el 2009. JUAN MANUEL PRATS / AGUSTÍN CATALÁN

Marcha en defensa de la ley del aborto celebrada en Madrid, en el 2009. JUAN MANUEL PRATS / AGUSTÍN CATALÁN

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Información publicada en la página 28 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 24 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«Interrumpir la gestación de un feto en el que se detectan malformaciones graves fue legal incluso en tiempos del general Franco: siempre ha existido esa posibilidad, por razones humanitarias y de sentido común», recordó ayer Ramon Carreras, presidente de la Societat Catalana de Ginecologia y Obstetricia. Suspender ese derecho, añadió Carreras, dejaría sin sentido los avances científicos de los últimos decenios, que han permitido detectar en las primeras semanas del embarazo si el feto sufre fallos cromosómicos, genéticos o morfológicos que impedirán su supervivencia a corto o medio plazo y serán motivo de gran sufrimiento. «Estaríamos frente a la paradoja de aplicar a todas las gestantes el test que detecta el síndrome de Down, que es parte del protocolo de control del embarazo de la Generalitat, para después informar a la mujer de que no puede elegir entre abortar o no», añade Carreras. Y lo mismo sucedería con el resto de malformaciones que se captan con técnicas de diagnóstico por la imagen, en especial las ecografías trimestrales que informan de gravísimas alteraciones. «No hablamos de que falte un dedito en una mano, sino de fetos que sufren anencefalia (carecen del hueso de la bóveda craneal y nacen con el cerebro al descubierto), de fallos cardiacos muy graves o ausencia de órganos incompatibles con la vida -añadió el ginecólogo-. Prohibir que se pueda interrumpir esas gestaciones es inhumano y cruel».

Las leyes españolas que han regulado el aborto en España desde 1985 siempre han incluido el apartado de las malformaciones fetales, junto al riesgo para la vida de la madre en caso de mantener el embarazo o las gestaciones producto de una violación. Pero el ministro de Justicia quiere que prevalga el concepto que concede derechos al «futuro posible nacido» o nasciturus, haciéndolo pasar por encima de la capacidad decisoria de la madre, la embarazada.Un debate de hace 30 años.

OBLIGADO EN LA UE /«Estamos convencidos de que Ruiz-Gallardón va hacia una ley del aborto absolutamente restrictiva, que, en la práctica, lo haga inaccesible», afirmó ayer Santiago Barambio, presidente de las Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo. «No suprime la ley porque el Consejo de Europa obliga a que los países de la UE tengan ley del aborto, pero, en la práctica, será como no tenerla», añadió Barambio.

Los abortos por malformación grave del feto, previstos en la actual ley española, suponen un 7% de las más de 100.000 interrupciones de embarazo que se realizan al año en España. Es el único motivo de aborto que los hospitales públicos españoles han asumido, en parte, en los últimos años. El resto de procesos, más del 98% del total, los canalizan las clínicas privadas acreditadas.

La incertidumbre abierta por las reiteradas declaraciones de Ruiz-Gallardón sobre la inminente redirección de la ley abortiva (habla de cambiarla el próximo septiembre) preocupa tanto en la sanidad pública como en la privada. «Tenemos una buena ley que resuelve el tema y evita desigualdades sociales -dijo Carreras-. Ninguna mujer ha estado nunca obligada a abortar».