Los médicos alertan del peligro de que las mutuas gestionen las bajas

El anteproyecto de ley de mutuas laborales que tramita el Ministerio de Empleo prevé que las mutualidades de las empresas tengan competencias sobre las enfermedades comunes de sus empleados -desde el cáncer hasta una gripe y no solo accidentes laborales-, que sean informadas desde el primer día de la emisión de un parte de baja laboral   y que puedan proponer el alta inmediata del trabajador, al que no están obligados a visitar en persona. Podrán conocer su situación accediendo al historial clínico, confidencial, que abren los médicos de los centros de asistencia primaria (CAP).

Aunque algunas de esas funciones ya están en la actualidad al alcance de las mutuas, la ley les otorga capacidad resolutiva. El proyecto legal establece que la propuesta de alta médica la dirijan las mutuas al médico que ha generado la baja laboral y, a la vez, a un inspector de la Seguridad Social, dependiente de Empleo. El médico del CAP dispondrá de «cinco días» para justificar o no la necesidad de proseguir la ausencia al trabajo del empleado enfermo. Si, tras ese plazo, el facultativo no ha respondido, la mutua podrá suspender la baja laboral.

ALTA POR DEFECTO / «Es posible que el trabajador quede de alta sin enterarse, y que lo despidan por este motivo», advirtió ayer Anna Puigdellívol, vocal de incapacidad laboral en la Societat Catalana de Medicina Familiar (CAMFIC), que representa a los 3.000 médicos de familia que ejercen en los CAP catalanes.

En Catalunya, la inspección de la Seguridad Social la ejercen los inspectores del Institut Catalá d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), que depende de la Conselleria de Salut. Disponer de esta competencia supone un cierto blindaje frente a la ley de Empleo, entienden desde la Generalitat. «Si esa ley se aprueba, en Catalunya no se notará», aseguró ayer Aurora Jové, del ICAM. «Nosotros tenemos muy buena relación con los médicos de familia», sostuvo Jové.

El rechazo de estos facultativos al proyecto de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene múltiples motivaciones: «No estamos de acuerdo en que una mutua pueda decidir un alta médica por defecto, por un fallo de comunicación con el médico -afirma Puigdellívol-. Es dudoso que los inspectores de la Seguridad Social tengan capacidad ejecutiva para hacer esas gestiones».

Tampoco aprueban que las mutuas puedan acceder al historial clínico de los trabajadores y que se desautorice el diagnóstico médico que ha motivado la baja. «Dar un alta laboral por silencio administrativo es una barbaridad -añadió Puigdellívol-. En estos momentos de crisis y paro, esa ley puede ser muy peligrosa. Todos atendemos a pacientes que van a trabajar enfermos, realmente mal, que se niegan a coger la baja por miedo a que los despidan». Se refiere, explica, a personas que van al trabajo con gripe o fiebre de causa no diagnosticada, o afectados por dolencias articulares clasificadas como lesiones laborales susceptibles de motivar una baja médica.

Con la legislación en vigor, las mutuas ya reciben los partes de baja  de los empleados adscritos a las empresas a las que representan. Si la ausencia al trabajo se prolonga más de una semana, citan al trabajador y le solicitan copia de las pruebas diagnósticas que certifican su estado. Cuando estas aún no se han realizado, la mutua puede adelantarlas, pero no tienen potestad para desautorizar al médico que ha certificado una baja, ni suspender esta medida. «Las mutuas están informadas de la incapacidad transitoria de los trabajadores porque pagan parte del coste que esto genera», explica Jové.

Las mutuas laborales entienden que el proyecto de ley de Empleo beneficiará a la sanidad pública, ya que, indican, acelerarán el diagnóstico de quienes están de baja a la espera de un TAC o cualquier prueba con amplias demoras en los hospitales. Empleo, a su vez, argumenta la necesidad de reducir la partida con que la Seguridad Social financia las bajas laborales. Prevé ahorrar así 227 millones de euros anuales.