ESCÁNDALO EN UN COLEGIO DE BARCELONA
Los Maristas denegaron información a los Mossos sobre el pederasta confeso
Guillem Sánchez
Redactor
Periodista de sucesos. Antes trabajé como redactor de sociedad en la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Profesor asociado en la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
Libros Publicados: 'El Estafador' (Editorial Península) y 'Crónica del Caso Maristas' (Ediciones B).
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / GUILLEM SÁNCHEZ / BARCELONA
El director del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts en el 2011, Francesc Xavier Giné Arnella, se negó a facilitar a los Mossos ningún dato sobre el entonces profesor de gimnasia, Joaquim Benítez, ni sobre los abusos sexuales que había cometido aquel mismo año contra un alumno y que el pederasta había confesado a la dirección de la escuela, según consta en la causa judicial contra el docente, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Aquel caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores por la orden religiosa y acabó en un juzgado de Barcelona que, seis meses después, lo archivó porque los padres del estudiante no tuvieron ánimo para presentar denuncia.
El vicario provincial de los Maristas, Francesc Ferré Jodra, se personó en la Fiscalía de Menores de Barcelona el 14 de junio del 2011 para denunciar que días antes, el 7 de junio, se había presentado en la escuela el padre de un alumno de 3º de ESO para explicar que, ese mismo día, Benítez había “realizado tocamientos en los genitales” a su hijo en el despacho y después “se había masturbado”. El profesor, según consta en esta comparecencia de menos de un folio, firmó a continuación su "baja voluntaria” en el centro.
La Fiscalía de Menores remitió esta denuncia a los juzgados porque el acusado era un adulto. El caso cayó en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. La magistrada Silvia López Mejía abrió un proceso el 28 de septiembre del 2011 y ofició a los Mossos para que investigaran. Lo primero que hicieron los agentes fue ir a ver con el director Giné.
FALTA DE COLABORACIÓN
Los agentes le solicitaron la identidad completa de Benítez, ya que solo disponían del nombre y un apellido (faltaban la dirección y otras informaciones). “El señor Giné se ha negado a facilitar ningún dato relacionado con los hechos”, informaron los policías a la jueza en un atestado. Y la magistrada tampoco hizo nada para obligar a la dirección del centro a facilitar la información que precisaban los investigadores.
Los mossos también se entrevistaron con los padres de la víctima para comentarles los pasos a seguir. Los progenitores manifestaron que los hechos que constan en la denuncia son los que les relató su hijo, pero consideraron que iniciar un proceso penal podría perjudicar al menor. Por esta razón renunciaron a presentar la denuncia. Así, el fiscal pidió el sobreseimiento provisional de la causa, por si los padres cambiaban de opinión o surgía algún otro indicio relativo al caso. Sin embargo, la jueza archivó el asunto de forma definitiva, con lo que quedó cerrada cualquier posibilidad de reabrir la investigación.
RECURSO CONTRA LA LIBERTAD
Las diligencias por la denuncia del 2011 se han incorporado a las que instruye el juzgado que investiga ahora a Benítez, que se encuentra en libertad provisional. Precisamente, el abogado Ibán Fernández, que representa a Manuel B., el primer padre que ejerce la acusación contra el exprofesor, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona en el que reclama que el pederasta confeso ingrese en prisión.
Los argumentos de la defensa son que Benítez ha confesado, al menos, un delito que comporta una pena de 13 años y medio de prisión (si hay más casos la condena aumenta, aunque el cumplimiento sería como máximo de 20 años de cárcel), el riesgo de fuga (comentó en la entrevista con EL PERIÓDICO que se iría a un lugar donde nadie le conociera), la posible destrucción de material pedófilo y que el imputado estuvo en contacto con menores después de salir de los Maristas.
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