Los juristas consultados ayer por este diario se sumaron a las críticas de las entidades que trabajan con presos contra la decisión de la Conselleria de Justícia de anular la ayuda económica que percibían los reclusos para poder cursar estudios universitarios. Diversos abogados mostraron su disconformidad con la medida, al entender que atenta contra la rehabilitación de los presos.

Un interno en grado de semilibertad prepara el examen de acceso a la universidad, la semana pasada en L'Hospitalet. ALBERT BERTRAN

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Información publicada en la página 25 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 04 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«No estoy de acuerdo con el recorte a las ayudas en los estudios de los internos, pues cualquier restricción en la rehabilitación de los mismos es perjudicial para ellos y repercute negativamente en la sociedad, impidiendo que los que cumplen penas de prisión consigan reinsertarse», afirmó Mireia Balagar, miembro de la Sección de Derecho Penal del Col.legi d'Advocats de Barcelona y profesora asociada de la Universidad de Barcelona. «El camino -en su opinión- pasa por continuar con la política penitenciaria de ir vaciando las prisiones, rebajar costes e invertirlos en aquellos que sí deben estar encarcelados, trabajar con ellos y conseguir que salgan mejor de lo que entraron».

CONTACTO CON LA SOCIEDAD / El abogado José Ángel González Franco entiende que la medida es «un despropósito». «Por una parte, atenta contra la reinserción de los presos, y por otra, afecta a su resocialización, fines últimos de la pena. Pero no es lo único, pues, como muchas medidas más tomadas contra la recesión económica, es totalmente contraproducente, ya que los presos, que también son ciudadanos, acabarán engrosando la lista de parados una vez recuperen su libertad, demostrándose que la medida es ineficaz».

El abogado Esteve Lamoglia Puig recuerda que la «posibilidad de acceso a una carrera universitaria se constituye dentro del marco constitucional como medio efectivo para que un interno no pierda el contacto con el mundo exterior, al mismo tiempo que le prepara para una futura vida en libertad, obteniendo con ello la reinserción». En consecuencia, según el letrado, «cualquier limitación económica que implique la privación de la posibilidad rehabilitadora es motivo de enorme preocupación».

El director general de Serveis Penitenciaris, Ramón Parés, confirmó que los presos tendrán que pagarse la carrera y precisó que han acordado con la UNED que los exámenes se realicen concentrados en la cárcel de Brians I, en Sant Esteve de Sesrovires, donde los reclusos serán trasladados. En el curso pasado había 60 matriculados en la UNED. «Ahora no podemos pagar. No hay dinero. El abandono de la carrera, además, es del 20%. Con las cinco prisiones nuevas que se han construido estamos hipotecados hasta el 2041. El 50% de los presupuestos de mantenimiento se dedican a este gasto», explicó.

La directora del centro provincial de Barcelona de la UNED, Mercè Boixareu, se quejó ayer de que la Generalitat «lo único que hace es dejarnos entrar en las prisiones para los exámenes». Insistió en que la situación es de tal desconcierto que este año se desconoce incluso quién abonará los libros de texto.