¿Todos bajo la lupa?

Las reacciones gubernamentales a los recientes atentados islamistas en París han vuelto a poner bajo el foco las medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos de amenazas terroristas con programas de vigilancia masiva en las comunicaciones, como los desvelados por el exanalista de la NSA Edward Snowden. Este miércoles, Día Internacional de la Protección de Datos, los expertos se prestaban en varios actos a debatir el tema con dos preguntas de fondo: ¿Tanta recopilación de información ha servido para algo? ¿Estamos sacrificando derechos por seguridad?

«Cuando un Gobierno anuncia medidas de vigilancia pero dice que garantizará la libertad de los ciudadanos, me pongo a temblar, porque los estados son voraces con los datos. En este sentido, los atentados de París han diluido el debate sobre el caso Snowden», afirmó Joaquím Bayo, exmagistrado de la Audiencia de Barcelona y exsupervisor europeo adjunto de protección de datos entre el 2004 y el 2009, que se repartió entre las dos mesas redondas convocadas en Barcelona por la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) y el Col·legi d'Advocats.

El jurista destacó cómo los gobiernos, incluido el español, han estirado la legislación europea para adaptarla a sus intereses. «El legislador español se amparó en Europa para exigir que las tarjetas prepago de móviles fueran registradas, aunque las leyes europeas no decían nada de eso. Claro, que eso luego permitió aclarar la autoría del 11-M. Ahora, sin embargo se insiste en un registro de pasajeros de avión para Europa cuando los terroristas de París viajaron a Madrid en coche». Un asistente de origen magrebí cuestionaba si no había una protección para las minorías ante esos casos. Y Bayo le contestó que de eso se trataba, de defender los derechos fundamentales frente a las exigencias policiales y judiciales.«La vigilancia masiva no ha demostrado ser útil. No se puede poner a todo el mundo bajo sospecha», pidió Gemma Galdón, profesora de la Universitat de Barcelona (UB). La catedrática de Derecho Civil de la UB, Maria Rosa Llàtzer, defendió que la privacidad no era una cuestión solo de protección de datos personales sino de «poder sobre uno mismo» y que jurídicamente eso requería la cesión de derechos de los que la persona es titular y, por tanto, consentimiento.

El mismo consentimiento que se exige en el mundo de los negocios, cada vez más internacional. El consultor en temas digitales Genís Roca reclamaba un marco legal único que permitiera la competitividad en negocios digitales, donde el tratamiento de los datos de los clientes es piedra angular. «No podemos convertir la privacidad en un freno a la creación de servicios que el usuario quiere», dijo.

Los abogados Manel Martínez y Jordi Bacaria, organizadores del acto del Col·legi, pedían más claridad jurídica respecto a los datos personales y su uso en los tribunales. Bayo criticó la obligación actual de registro de archivos de datos en la Agencia Española por ineficaz y pidió que si un usuario rechaza aceptar una cookie cuando navega por una web, no se le niegue el acceso a la página. «No es tener los datos, es qué se hace con ellos», dijo.