LA LUCHA CONTRA EL comercio sexual
Los españoles son los europeos que más acuden a la prostitución
El Govern no renuncia a perseguir el sexo de pago en las carreteras estatales
Por qué confiar en El Periódico El 39% de los hombres españoles, principalmente entre 35 y 55 años, han contratado alguna vez los servicios de prostitutas, tasa que sitúa a España como el primer país de la UE en consumo de sexo de pago. Le siguen Suiza (el 19%) y Austria (el 15%). Son datos que recoge una guía elaborada por la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (APRAMP) sobre explotación sexual, presentada ayer por la presidenta de esta entidad, Rocío Nieto, y la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara. La guía cita datos de la Organización Internacional de las Migraciones para afirmar que 500.000 mujeres son explotadas como prostitutas cada año en Europa.
El texto, que ofrece a los profesionales que trabajan con víctimas de la trata con fines sexuales claves para reconocerlas y ayudarlas, indica que medio millón de mujeres de entre 15 y 45 años son explotadas cada año en los mercados europeos de prostitución.
CONFLICTO COMPETENCIAL / Por otro lado, la Generalitat no está dispuesta a contemplar con los brazos cruzados cómo un conflicto competencial limita su plan para acabar con la prostitución en las carreteras, informaFerran Cosculluela. Elconsellerde Interior, Felip Puig, confirmó ayer que el Govern impulsará iniciativas en el Congreso para suscribir con el Gobierno un convenio de delegación de competencias que le permita aplicar en las carreteras estatales la reforma legal que se está tramitando en la Cámara catalana.
La nueva normativa modificará la ley de carreteras de la Generalitat para perseguir la prostitución en las vías amparándose en la seguridad del tráfico. El problema es que la nueva ley, que establece sanciones para clientes y meretrices, no se puede aplicar en las carreteras de titularidad estatal, como la N-2 ,la N-260 o la N-340.
«Es curioso, pero aún hay carreteras que dependen del Estado. Por eso intentaremos que haya una capacidad de actuación e intervención que no venga fragmentada por un problema competencial, que es lo que los ciudadanos no entienden pero que al fin y al cabo es lo que el corpus legislativo e incluso la justicia acaban interpretando», dijo Puig.
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