Los errores de los expertos en los sumarios desatan la alarma

Errores garrafales que ponen en peligro importantes investigaciones, dictámenes contradictorios que causan perplejidad y compraventa de informes periciales elaborados a medida del cliente. Este es el panorama que presentan el peritaje y la ciencia forense en España. O por lo menos el más visible a los ojos de la opinión pública y de una preocupada judicatura. El Gobierno cree que esta imagen se corresponde solo en parte con la realidad, pero ha empezado a tomar medidas. El pasado 16 de mayo creó el Consejo Médico Forense y próximamente regulará el acceso a la profesión. También medita crear un registro de peritos acompañado de un severo régimen disciplinario.

Es en el mundo del peritaje donde existe un mayor descontrol. La ley de enjuiciamiento criminal autoriza a un juez a solicitar un informe a cualquier persona que entienda es experto en un tema que investiga. Y los abogados de parte hacen lo mismo. Pero en ocasiones hay informes que, más que de expertos, son trajes a medida de la versión que interesa a alguna de las partes.

INTRUSISMO / El director general de relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, reconoce que existe mucho intrusismo y que algunos peritos firman informes por encargo. Recuerda que, en sus años de magistrado en Barcelona, en alguna ocasión llegó a tener dos informes de parte tan contradictorios entre sí que «uno de los dos firmantes debería haber entrado en la cárcel». Otros alertan de la existencia de auténticas mafias.

Conde medita la creación de un registro de peritos que deberían cumplir estrictos requisitos. Un órgano se encargaría de controlar su actividad y de imponer sanciones, pudiendo llegar a ser excluidos de la lista. Los peritos en los juicios tienen la misma consideración que los testigos. Les está vetado mentir. Pero por ahora el proyecto del Gobierno es solo «una idea» a madurar.

Los médicos forenses adscritos a la Administración -1.099 entre el ministerio y las autonomías- no han protagonizado grandes errores, pero no están exentos de problemas. La falta de un órgano rector que unifique criterios ha provocado fallos como los que se produjeron al principio con los niños robados. «Las exhumaciones empezaron a llevarse a cabo sin ningún criterio, lo que provocó la anulación de muchas pruebas y el archivo de las causas», según Conde, que recuerda cómo tuvieron que ser los propios forenses los que, aprovechando un congreso, convocaran una reunión para unificar criterios. El recién creado Consejo Médico Forense dictará los criterios cuando aparezca una cuestión imprevista.

Paradójicamente, la autonomía donde el trabajo de los forenses se da en peores condiciones es la madrileña. Es la única, junto a Ceuta y Melilla, que no ha creado un instituto de medicina legal que los agrupe y les permita trabajar en equipo, destinando a cada caso al experto más adecuado por su especialidad. Cada juzgado tiene asignado un forense y puede ocurrir que un asesinato complejo, por ejemplo, le caiga a un suplente sin ningún tipo de experiencia previa. El consejo también elaborará un protocolo para evitar el gran número de autopsias de muertes naturales que se llevan a cabo, pero que son «innecesarias».

Hasta ahora puede acceder a la profesión cualquier titulado de Medicina, aunque muchos pasaban luego por las escuelas de Medicina Legal de Madrid y Barcelona. Luego se sometían a una oposición «muy dura, pero solo teórica, que no garantiza los conocimientos prácticos del aspirante», reconoce Conde.

Con la nueva regulación que ha puesto en marcha Justicia, a partir del 2016 deberá cursarse obligatoriamente la carrera de Medicina en la especialidad de Medicina Legal, con los correspondientes periodos de MIR: dos años de práctica en hospitales y otros dos en institutos forenses. Luego estarán obligados a seguir una formación continuada on line. El borrador de anteproyecto ya está redactado y acordado con Sanidad.

LAS POLICÍAS CIENTÍFICAS / Capítulo aparte merecen las policías científicas. Algunos de sus técnicos han causado las pifias más sonoras, las de los casos Breton y Asunta. El Ministerio del Interior ha tomado medidas disciplinarias y ha ordenado que cualquier informe lleve siempre la firma de dos técnicos.