Los educadores sociales de Barcelona, desbordados por aumento de peticiones
El colectivo de educadores sociales de la ciudad de Barcelona ha denunciado la burocratización de su trabajo, que colapsa su tiempo en detrimento de la atención a familias en riesgo, y la falta de 116 efectivos, como mínimo, para hacer frente al aumento de las necesidades sociales.
En el 'Manifiesto por una atención socioeducativa de calidad en los servicios sociales de Barcelona', los profesionales de los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona denuncian "las graves dificultades actuales" para poder realizar su trabajo "con una atención de calidad".
Los educadores sociales critican que desde hace años, se están "convirtiendo en gestores, desbordados por el elevado número de casos que impide una intervención socioeducativa real, así como por el encargo creciente de realización de informes sociales, tramitación de ayudas económicas, atención a las situaciones de emergencia social y turnos de valoración".
El pasado año, los educadores recibieron 3.023 peticiones de información por parte de la Guardia Urbana, la Fiscalía y la dirección general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA), mientras que en el 2012 hubo 1.125 peticiones.
MENORES VULNERABLES
A esta situación, se suma, según los educadores, la "saturación" de la mayoría de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, como escuelas e institutos, centros de salud mental infantil y juvenil o equipos de atención a la infancia y adolescencia, o bien a la falta de estos.
"Podríamos hablar así del desbordamiento general de un sistema de atención a la infancia y adolescencia que parece más preocupado de protegerse a sí mismo que en proteger a los niños y adolescentes más vulnerables", se argumenta en el manifiesto.
Ante esta situación, los educadores reclaman cubrir las plazas necesarias, un estudio del impacto de la aplicación de la ley de Infancia en los centros de servicios sociales, establecer ratios de educadores sociales para cubrir el despliegue de la normativa del 2010 y clarificar el encargo y las funciones de los educadores dentro de los equipos interdisciplinarios.
También piden que se establezcan acuerdos o se revisen los existentes con la Fiscalía respecto a la petición de informes sociales en los casos de menores en posible situación de riesgo, y que se dote a la Fiscalía de Menores de peritos sociales para valorar las situaciones más urgentes, así como abrir y ampliar plazas de centros abiertos y equipamientos juveniles en cada barrio, especialmente en aquellos en los que se detectan más problemas. "Queremos dejar de ser un pobre servicio para pobres", argumentan los educadores.
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