Los discapacitados llevan a las policías catalanas a la ONU

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas que los Mossos d'Esquadra y las policías locales de Catalunya -y más concretamente, las de Barcelona y de Figueres (Alt Empordà)- «vulneran» la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 2006 y firmada y ratificada por el Estado español en el 2007. La queja está recogida en el informe sobre derechos humanos y discapacidad en España que elabora cada año este organismo.

Concretamente, el Cermi considera que estos cuerpos policiales infringen el artículo 27 de la convención, en el que se establece que las personas con discapacidad «tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación en un entorno laboral que debe ser abierto, inclusivo y accesible». El informe concluye que a los agentes de la policía local catalana a los que sobreviene una discapacidad «se les niega el acceso a la denominada segunda actividad», que es una situación administrativa especial, cuya finalidad es poder destinar al personal de estos cuerpos a otros puestos cuando lo aconsejen razones de edad o por la disminución de sus condiciones físicas.

El Cermi señala que la denegación para pasar a esta segunda actividad viene motivada por la «inexistencia de reglamentos» que regulen este tránsito o, en otros casos, por la existencia de una normativa municipal «que limita expresamente dicha posibilidad». Estas anomalías se unen al hecho de que, en el caso de algunas policías locales, la declaración de incapacidad «permita iniciar de oficio la jubilación».

El organismo que vela por los derechos de los discapacitados, y que ha sido nombrado por el Gobierno para el seguimiento de la aplicación de la convención de la ONU, pone de ejemplo al Ayuntamiento de Barcelona como uno de los municipios cuyo reglamento «excluye» el pase a esa segunda actividad (salvo para los agentes con una discapacidad parcial), lo que, a su juicio, es «una ilegalidad».

En el caso de los Mossos, el informe denuncia que la regulación de la situación administrativa especial de segunda actividad «establece limitaciones y excepciones» para pasar a esa situación laboral y crea una figura nueva de «actividades no policiales» destinada exclusivamente a quienes les haya sido declarada una incapacidad laboral permanente (excluye a la absoluta y la gran invalidez, para las que no reconoce ninguna opción de mantenerse en activo), lo que contraviene «el principio de jerarquía, y el de igualdad y no discriminación». De hecho, a los agentes discapacitados que siguen trabajando se les retira la credencial y el arma, se les prohíbe vestir el uniforme y pierden la plaza. Son considerados técnicos de apoyo no policial y se les emplea en labores ajenas al cuerpo.

PÉRDIDA DE INGRESOS

 Vicenç Flores, presidente de la Associació per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat (Ailpold), afirma que la situación que se está viviendo en Barcelona está pasando en la mayoría de municipios y cifra en unos 25 los agentes afectados. Además de ser una «ilegalidad», Flores destaca que muchos policías locales discapacitados sufren una drástica reducción de sus ingresos al quedarse sin su empleo y percibir solamente la prestación por invalidez, que puede pasar a ser del 45% del sueldo que cobraban.

Àngel Gómez-Quintero, presidente de la Associació per la Integració Laboral de Mossos d'Esquada amb Discapacitats (Ailmed), destaca que, en el caso de los Mossos, el hecho de que se les destine a actividades no policiales es claramente «discriminatorio» y, a su juicio, carece de sentido, porque esos agentes se podrían dedicar a tareas como la recepción de denuncias u otras labores policiales similares, que permitirían «liberar» para tareas de vigilancia y patrullaje en la calle a muchos policías que en la actualidad están trabajando en las Oficinas d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Fuentes de la Conselleria d'Interior destacaron ayer que la proposición de ley que se estaba impulsando desde el Parlament para regular el pase a la segunda actividad de los agentes discapacitados ha acabado «decayendo» debido a que quedaba muy poco tiempo para acabar la legislatura. «Hay un compromiso de todos los grupos para retomarla tras las elecciones autonómicas», añadieron estos medios, que recordaron que, tras la llegada del conseller Jordi Jané a Interior, una de las primeras medidas que se ha impulsado desde su departamento ha sido mantener reuniones con las asociaciones de afectados.