Los discapacitados exigen una ley con castigos claros y severos para la discriminación

Palabras humillantes, miradas de lástima o de desprecio, vetos para entrar en locales de ocio y hoteles, silicona en la cerradura de la puerta de su casa para impedir la entrada o algo tan hiriente como que en el vagón de un trenecito nadie tome asiento porque hay un grupo de chavales con discapacidad intelectual. Estos ejemplos son solo la punta del iceberg de situaciones que constata la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat), que agrupa a 300 entidades sociales, y de todas ellas es difícil encontrar una que no explique un largo memorial de agravios. Las principales quejas se producen en hostelería y ocio.

La federación confía que el proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación clarifique el denominado derecho de admisión y ponga firmes a los sectores del ocio y la restauración para evitar casos como los ocurridos recientemente en un pub de Lleida y un hotel de Vinaròs (Castellón) que vetaron a personas con síndrome de Down. Y va un paso más allá: que se impongan sanciones ejemplarizantes para los que discriminan. El proyecto, aprobado a finales del año pasado por la Cámara catalana, está en fase de tramitación parlamentaria. Sonia Fabra, letrada de la federación, es crítica con el derecho de admisión porque "hay que controlarlo de manera que no dé lugar a abusos". Recuerda que si se limita el acceso se tiene que explicar con claridad para que lo entienda un colectivo con dificultades cognitivas.

POCAS DENUNCIAS

El derecho de admisión es una de las argucias que se utilizan para impedir la entrada en los locales de diversión a los más vulnerables. "Y más ahora que al haber más turismo ya no nos necesitan porque tienen todo lleno", apunta Rosa Cadenas, presidenta de Dincat. Ella también ha comprobado estos abusos en un local de Salou donde le permitieron entrar, pero no así a sus acompañantes con discapacidad intelectual. Es una realidad que se repite "muy a menudo, la discriminación es habitual, no son hechos aislados", asegura Cadenas. El problema radica en que son actitudes tan sutiles que casi nunca pueden convertirse en denuncias porque faltan pruebas. Aun así cada año llegan a Dincat una veintena de quejas. Las denuncias no prosperan porque cómo probar que un bar obliga a consumir a un grupo de discapacitados y no al resto de clientes o que un hotel aumenta el precio de las habitaciones para este colectivo.  

Juana Ibáñez, subdirectora general de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Generalitat, señala que "llegan pocas denuncias". Desde el 2013 tan solo se han presentado 29, dos de ellas este año. Para Ibáñez es difícil probar los hechos discriminatorios. Por eso, aconseja que cada vez que se produzca uno se requiera la presencia de los Mossos d’Esquadra o de la Guardia Urbana para que levanten acta. La última sanción se impuso en el 2012.   

Meritxell Alòs, gerente de la fundación privada Autisme Guru, también se ha topado con desplantes sin sentido, aunque los explica así: "Son por el desconocimiento y el miedo que tiene la sociedad hacia el que es diferente". Alòs explica el caso de dos bares en los que los propietarios les pidieron que no fueran más porque molestaban a los clientes. O hechos más graves como poner silicona en la puerta de entrada a un taller ocupacional. Aunque quienes las reciben a menudo no se den cuenta, "las miradas dañan. Son miradas a veces de pena y otras de miedo, de susto". Y prosigue: "Los agravios van en contra de nuestro trabajo porque lo que queremos es integrarlos".  

DOCUMENTAL

En esta misma dirección trabaja Efren Carbonell, director de Aspasim, entidad que cuida a discapacitados graves. La organización tiene 10 espacios adaptados en edificios de vecinos con capacidad para 70 plazas. La convivencia no siempre ha sido fácil. Aunque finalmente han sido aceptados, ha habido inicios duros. Carbonell explica que en un caso llegaron hasta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por los problemas vecinales y no fueron más allá porque la titular del piso falleció. El expediente, de un palmo de grosor, reúne toda la peripecia judicial en la que no faltó silicona en la puerta para no dejarles entrar en el edificio e "incluso frases como que si vivían ahí, el edificio perdía valor", añade el presidente. La odisea es una de las tres historias del largometraje 'Fum, Fum, Fum', producido por Toni Salgot.

La normalización, que no la inclusión, es el eje sobre el cual gira el trabajo de otra fundación: Ludàlia, una de las entidades que organiza actividades lúdicas para el colectivo. Hay otras que reivindican la inclusión, como Dj Josepe. Todos los domingos, de 17.00 a las 20.30 horas, Ludàlia alquila en Luz de Gas una sala para organizar una sesión de baile a la que asisten normalmente un centenar de personas. La directora, Consol Ferrer, asegura que estas sesiones son normalizadoras porque: "Si yo quiero ligar o hacer amigos tengo que ir a mi entorno". Pero pese a que pretenden que accedan otros colectivos "la verdad es que nunca ha venido nadie sin discapacidad", sentencia.