Los directivos de Germanwings se arriesgan a penas de cárcel
El proceso judicial abierto en Francia por la masacre aérea de los Alpes podría acabar sentando en el banquillo de los acusados a la compañía Germanwings y a aquellas personas que participaron en la formación, capacitación y selección del personal, así como las que deberían haber evitado que un piloto con el historial psiquiátrico de Andreas Lubitz se sentara a los mandos de un avión Airbus A320 con 149 personas dentro.
El abogado Carlos Villacorta, especializado en la defensa de víctimas de accidentes aéreos y con despacho en Madrid y Burdeos, no tiene la menor duda de que con las últimas informaciones que han aparecido sobre el estado de salud del copiloto, «hay una responsabilidad penal en la compañía aérea, y en sus directivos». En Francia, como en España, existe el delito de homicidio involuntario, la imprudencia grave con resultado de muerte. La traducción de ese mismo capítulo de la legislación francesa vendría a ser la puesta en peligro de la vida ajena, por actos u omisión negligente.
Para Villacorta existe una responsabilidad penal, castigada con cárcel, de todos aquellos que no impidieron que Lubitz se sentara en la cabina del Airbus. Así como de aquellos que capacitaron y validaron su aptitud para pilotar un avión comercial de pasajeros cuando tenía diagnosticada una depresión de la que se medicó, como mínimo, hasta el día anterior a su acción de estrellar el avión contra los Alpes.
BRICE ROBIN
El caso se juzgará en Francia, dirige la investigación el fiscal Brice Robin, y es preferible que las víctimas se personen en el proceso judicial abierto en el país vecino. «Al estar personados se garantizan estar al corriente de la investigación y solicitar nuevas pruebas», indica el letrado, quien recuerda que en el proceso de reparación de las víctimas está el conocer qué paso exactamente, saber la verdad, y que el resto de posibles responsables, más allá del principal criminal, que está muerto, cumplan sus penas.
Las autoridades todavía tienen que decidir si se personan en el proceso en Francia. El Gobierno central no descarta hacerlo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que «si hay que ejercer alguna acción se hará», aunque destacó que el proceso está todavía «en un momento preliminar». La Generalitat tampoco ha decidido qué hará finalmente.
GASTOS DE URGENCIA
La Audiencia Nacional, por su parte, abrió el mismo martes unas diligencias de investigación de las que un principio remitirán todos sus avances a sus colegas franceses.
En cuanto a las responsabilidades civiles e indemnizaciones, la compañía aérea empezó a entregar ayer mismo cheques de 50.000 euros a familiares de las víctimas. Se trata de un adelanto para cubrir los primeros gastos de urgencia que contempla la normativa europea ante un siniestro de estas características. Esa normativa estipula avanzar, a cuenta de la indemnización final, entre 15.000 y 20.000 euros dentro de las dos semanas posteriores a la tragedia. En el 2008, Spanair avanzó 25.000 euros cada familia del accidente de Madrid.
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