Los catalanes abandonan más de 20.000 perros y gatos cada año

En Catalunya cada año son abandonados unos 20.000 animales de compañía y otros 8.400 se extravían. La suma de ambas cifras, que varían unos miles arriba o abajo según las fuentes, casi duplican las 15.000 plazas de acogida que ofrecen las perreras públicas y las privadas. La desproporción es insostenible y se agrava año tras año, ya que entre adopciones y recuperaciones -el Consell de Col·legis Veteranis calcula que se recuperan unos 5.400 perros de los 8.400 perdidos al año-, solo un porcentaje de los animales recogidos sale de los centros. El resto permanece en las perreras de por vida o casi, y va sumando.

Para Adolfo Moreno, secretario general de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la situación de los centros de acogida municipales «ya no es de saturación, sino de hipersaturación». Por ello, la federación ha pedido por activa y por pasiva «a todos los partidos políticos» cambiar la ley de protección de los animales, del 2003, que prohíbe el sacrificio de los mismos y pone ciertas normas -a ojos de los alcaldes demasiado estrictas- sobre en qué condiciones deben vivir perros y gatos en dichos centros. «No se puede aprobar la ley más avanzada del mundo, traspasar la competencia a los ayuntamientos y no acompañarla del presupuesto imprescindible», subraya Moreno. Idéntica petición lanza la Associació de Municipis de Catalunya (ACM), la otra gran entidad municipalista.

CUESTIÓN DE PREVENCIÓN / Las asociaciones defensoras de los animales, por su parte, interpretan los argumentos económicos de los ayuntamientos como meras excusas. Según los animalistas, hacía muchos años que los ayuntamientos sabían que a partir del 2003 se prohibiría sacrificar y no hicieron los deberes. «El principal problema es la prevención. Si en su día se hubieran hecho las campañas adecuadas de identificación y sensibilización, los índices de abandono no estarían en los niveles en los que están ahora», apunta Alba Jornet, técnica de gestión de animales de compañía y responsable de la materia en la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y defensa de los Animales (Faada).

Carmen Méndez, presidenta de la Asociación de Defensa de los Animales (Adda), añade que muchos municipios se acogen a los problemas económicos intentar que se suspenda la prohibición del sacrificio, a lo que el secretario general de la FMC responde que «a ningún alcalde le gusta sacrificar animales, pero cuando la situación es insostenible, quizá sea mejor eso que tener a los perros malviviendo de por vida en perreras».

GASTO INASUMIBLE / Según cálculos de la FMC, si todos los animales abandonados estuvieran en centros de acogida -tal y como recoge la a diario incumplida ley-, estos supondrían un coste anual para Catalunya de entre 80 y 90 millones de euros. «En estas condiciones, es totalmente imposible cumplir la ley», insiste el secretario general del organismo. Según esa misma fuente, una perrera con 140 plazas tiene un coste anual de medio millón de euros. Sobre la falta de implicación de la Generalitat en el cumplimiento de la ley de protección de los animales, de la que la acusan tanto la FMC como los animalistas, es significativo que desde el 2005 el Govern no ha hecho ningún estudio sobre los abandonos.

La Fundación Affinity sí realiza de forma anual un estudio sobre el asunto. En dicho estudio se apunta que en Catalunya se abandonaron en el 2010 casi 22.000 perros y gatos. Faada, por su parte, eleva la cifra hasta los 30.000, apuntando que la encuesta de Affinity no tiene en cuenta los animales recogidos por particulares y que están en casas de acogida, y la Fundación Altarriba hasta los 35.000, ya que calculan también los atropellados en las carreteras y los que permanecen asilvestrados en el medio rural.

Otro de los dolores de cabeza de los alcaldes, sobre todo en los pueblos rurales, es que, perro encontrado en un municipio es perro responsabilidad de ese municipio. En principio la responsabilidad del animal debería ser del dueño, obviamente, pero el asunto de la identificación, pese a ser obligatoria, está como está -como informaba ayer este diario, solo el 30% de los animales llevan el chip obligatorio de identificación-, así que los perros no identificados pasan a ser responsabilidad de los municipios. Y, como la gran mayoría de los abandonados están sin identificar es imposible localizar a sus dueños. Este problema es especialmente sangrante en las localidades rurales, ya que la gente tiene la costumbre de abandonar a sus mascotas «en la montaña». «Nadie abandona a su perro en medio de la ciudad. La gente los lleva a los pueblos, que están más que quemados», concluye Moreno.