Los alcaldes se mueven entre el rechazo y la cautela ante Eurovegas

La ruleta ha empezado a girar en El Prat, Gavà, Abrera y Montcada i Reixac, las cuatro poblaciones de los alrededores de Barcelona donde la Generalitat ha localizado suelo suficiente y acorde a las condiciones impuestas por Las Vegas Sands Corp. para acoger el macrocomplejo lúdico Eurovegas. Los informes de cada uno de los emplazamientos elegidos, cuyo lugar exacto publica hoy EL PERIÓDICO (ver gráfico), viajarán en las próximas semanas a la capital americana del juego, mientras en Catalunya los municipios escogidos se debaten entre la conveniencia o no de convertirse en sede de tan magno proyecto. Así, aunque el imperio del magnate Sheldon Adelson promete realizar una inversión de casi 17.000 millones de euros y crear miles de puestos de trabajo, entre los aspirantes hay claras disensiones. Unos, aunque sin hacer gala de ello, ansían que la bola caiga en su número, otros no quieren siquiera entrar en la partida.

El Prat, una de las dos ciudades con más opciones, manifestó ayer su oposición más rotunda a la propuesta. «No tenemos nada que ver con un proyecto económico vinculado a la adicción al juego, a las drogas y a la prostitución», arguyó su alcalde, Lluís Tejedor (ICV). Gavà, Abrera y Montcada, las tres en manos de alcaldes socialistas, se avinieron al menos a escuchar la oferta. Si es que esa oferta llega, claro. Atenderán a las explicaciones que se les den, pero no por ello dejaron de expresar sus reservas: ¿Qué beneficios reportará el complejo? ¿Habrá que aplicar exenciones fiscales, como reclama la promotora?

A PAGAR EL IAE / «Mi responsabilidad, mi función como alcalde es, como mínimo, informarme sobre la propuesta, especialmente cuando se habla de una inversión tan grande», indicó Joaquim Balsera, el primer edil de Gavà. Balsera, sin embargo, dejó claro que eso no significa, en absoluto, que comulgue con el proyecto. «Que no piensen que dejarán de pagar el IAE (Impuesto de Actividad Económica) o el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), como pagan el resto de vecinos de la ciudad», advirtió el socialista. En este caso el suelo que opta a albergar el equipamiento está junto al Canal Olímpic, cerca de Gavà Mar y muy próximo al aeropuerto, lo que lo pondría en una situación también aventajada.

«No se trata de debatir si es un proyecto al que hay que aplicar exenciones fiscales y laborales o si se le puede permitir una excepción a la ley antitabaco. El debate es más profundo, afecta al modelo de sociedad», siguió objetando Tejedor.

Mientras, en Abrera, la noticia publicada ayer por EL PERIÓDICO cayó como una auténtica sorpresa. Nunca habían pensado que una población como la suya, situada ya fuera del área metropolitana de Barcelona, pudiera entrar en la terna. En Montcada, la alcaldesa, María Elena Pérez, hizo patente su enojo por que la Generalitat no se hubiera puesto en contacto previamente con los afectados. A la espera de conocer también más detalles sobre el macrocomplejo, Pérez se mostró abierta al diálogo y a conocer «cómo afectará a la generación de riqueza y empleo en la ciudad».

Montcada es la que presenta una ubicación menos versátil, ya que el suelo elegido, conocido como Mas Rampinyo, queda encajonado y no sería tan adecuado como los otros dos candidatos del Baix Llobregat más cercanos a la costa, como Gavà y El Prat.

LA PUGNA CON MADRID / La selección hecha por el Govern de las parcelas -de entre 150 y 200 hectáreas -- se ha fundamentado en las posibilidades de disponer de ellas con cierta celeridad. Casi todas ellas son fincas donde o bien la Generalitat tiene parte de la propiedad, a través del Incasòl, o bien donde la calificación urbanística permite una expropiación rápida. Algunas son de propiedad privada y se dedican a la agricultura.

Pese a eso, fuentes del Govern reconocen que todas las facilidades que pueda aportar Catalunya a favor de su candidatura van a ser pocas. La Generalitat es consciente de que en la comunidad madrileña, el magnate Adelson puede tener una interlocución más ágil, sobre todo a la hora de revisar leyes y normativas, al ser tanto el ayuntamiento de la capital como el Gobierno autonómico y el central del mismo color político. Por eso, indicaron fuentes del PP en Catalunya, la presidenta Alicia Sánchez Camacho habría solicitado a miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy -en concreto al ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria- que actúe en este asunto con la máxima neutralidad posible.