Luz verde al anteproyecto de la reforma educativa en el consejo de ministros

La LOMCE mantiene el ataque a la inmersión lingüística catalana

Clase de segundo de primaria en el colegio Pompeu Fabra, en la Sagrera de Barcelona, el curso pasado.

Clase de segundo de primaria en el colegio Pompeu Fabra, en la Sagrera de Barcelona, el curso pasado.

GEMMA ROBLES / ANTONIO M. YAGÜE / Madrid

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el polémico anteproyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) llega hoy a la mesa del Consejo de Ministros con «algún cambio» y «las observaciones del Consejo de Estado resueltas», según fuentes gubernamentales, pero con la firme decisión del ministro José Ignacio Wert de garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en Catalunya, lo que la Generalitat considera un ataque directo a su modelo de inmersión lingüística. La duda, que despejará el ministro tras una semana de hermetismo, es si se ha suavizado el punto de fricción causado por la obligación de que la Generalitat costee la escolarización en centros privados a los alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular. El PPC propuso la semana pasada que esta obligación recaiga sobre Gobierno central.

Wert, que ha guardado esta semana un moderado silencio impuesto desde La Moncloa, explicará la fórmula perfilada por su departamento para atender a la recomendación del Consejo de Estado de que excluyese de la ley este punto por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias. «Afecta -argumentó el órgano consultivo- al ámbito de decisión de las comunidades con lengua propia».

MEMORIA ECONÓMICA Sin embargo, el anteproyecto salvará el obstáculo de la financiación y ampliará la aportación del Estado, como han demandado las comunidades autónomas, incluidas las del PP. Para solventar el problema, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó la posibilidad de recurrir a los fondos europeos, «especialmente en la FP». El último borrador cifraba los costes directos de la implantación de la LOMCE, asumidos por la Administración central, en solo 23 millones el primer año de aplicación, 130 millones el segundo y 255 millones el tercero. Los costes indirectos, derivados del refuerzo de la FP y de los itinerarios en 4º ESO, adjudicados a las comunidades autónomas oscilaban entre los 334 millones y los 927 millones, según los módulos de FP cursados.

Pero el anteproyecto de la LOMCE mantiene, según el ministerio, los «pilares fundamentales» de la reforma, como la fijación de los contenidos por parte del Gobierno de asignaturas troncales como la historia y la geografía, que luego serán controlados en las reválidas. Tampoco da marcha atrás en la derogación de Educación para la Ciudadanía. Los temas de esta materia se repartirán entre el resto de asignaturas como Lengua o Historia. Ni en las alternativas a la Religión ni en la posibilidad de que los colegios con segregación por sexos reciban financiación pública, ni en el adelanto de los itinerarios en 4º ESO con dos vías, una encaminada para el Bachillerato y otra para la FP.

RESPETAR SENTENCIAS «Esperamos que el nuevo proyecto de ley respete, esta vez sí, todas las sentencias que han emitido los tribunales y preserve el modelo de inmersión lingüística que se imparte en las escuelas catalanas», manifestó ayer una portavoz de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, que aseguró desconocer la última versión de la LOMCE, pese a las ofertas de diálogo que se han hecho al ministerio desde Catalunya.