Localizado un depósito ilegal con 87 cadáveres de perros y gatos en Tossa de Mar

El cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat ha localizado un total de 89 cadáveres de perros y gatos domésticos que fueron depositados en bolsas y luego enterrados, sin cumplir la normativa veterinaria, en un paraje boscoso situado en la cala Salionç, en Tossa de Mar (Selva). Los animales se encontraban en diferentes estados de descomposición.

Según han informado los agentes rurales, el lugar donde se encontraba el depósito está situado en la parte posterior de un chalet propiedad de un familiar de una veterinaria de Vidreres, Natalia Ràfols, que previamente ya había sido inhabilitada por mala praxis y condenada a pagar una multa.

Al parecer, la veterinaria se deshacía de los cadáveres que le confiaban sus clientes -cuando las mascotas morían- sin cumplir la normativa. Por cuestiones sanitarias, los cadáveres de los animales deben ser incinerados -hay empresas especializadas- o bien ser llevados a un cementerio autorizado.

Una patrulla de agentes rurales, alertados por el fuerte olor, descubrió los residuos en enero pasado mientras hacía un recorrido a pie. Los agentes identificaron las bolsas -la mayoría contenían perros- y trasladaron los cadáveres a un centro de incineración. En las pesquisas también colaboraron el Ayuntamiento de Tossa, la Policía Local y el Consell Comarcal de la Selva. 

SEGUIR LA PISTA GRACIAS AL CHIP

Gracias al microchip identificador que portaban 19 de los animales fallecidos, los agentes pudieron seguir el rastro de la veterinaria. Dos de los propietarios manifestaron que habían llevado su perro enfermo a la consulta de Ràfols y que, una vez el animal murió, ella se había hecho cargo de la gestión del cadáver.

La fiscalía especializada en Medio Ambiente ha abierto diligencias contra la veterinaria por delitos de desobediencia, falsificación documental y estafa. También se ha efectuado denuncia administrativa por gestión incorrecta de residuos.

El Col.legi de Veterinaris de Girona ha calificado los hechos como "muy graves" y ha anunciado que tiene previsto personarse como acusación particular cuando el caso llegue a los juzgados. El órgano colegial quiere defender "el buen nombre y la profesionalidad" de los 500 veterinarios que tiene como socios. "Ya hemos agotado la vía administrativa -explica su presidente, Bernat Serdà-. El último paso ha sido la expulsión, que la junta decidió en octubre pasado. La veterinaria presentó un recurso contencioso que ahora queda pendiente de resolverse por la vía administrativa". 

El colegio recuerda que Ràfols está inhabilitada hasta el 2020 y confía en que a raíz de estos hechos se "haga justicia". Y es que el Colegio asegura que Ràfols hasta hace pocos días todavía estaba atendiendo animales. Según Serdà, les han llegado quejas de clientes por no haber recibido una buena atención. "Se trata de casos de heridas infectadas o de poner un chip pero no darlo de alta", detalla el presidente.