El PP limita el freno a los desahucios por cláusulas abusivas

El PP ha cumplido su palabra de aprovechar la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago de la hipoteca para trasladar a la normativa española la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de marzo, pero lo ha hecho de un modo limitado y con muchas cautelas. Las enmiendas presentadas ayer por el grupo popular del Congreso a la norma impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) prevén que los deudores puedan, como dictó el tribunal, pedir la paralización del desahucio si aprecian la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, pero el juez solo podrá revocarlo si esas cláusulas son las que han provocado el procedimiento de desahucio. En el caso de que las cláusulas solo hayan afectado a la cuantía de la deuda, el proceso seguirá, restando del pago pendiente la cantidad que se considere irregular.

El nuevo procedimiento se establecería a través de una reforma de la ley de enjuiciamiento civil por la que a partir de su entrada en vigor, el magistrado, de oficio o a petición del deudor, pueda paralizar el desahucio hasta que determine si existen cláusulas abusivas. Como novedad, introduciría la posibilidad de que los notarios puedan suspender de modo cautelar los procedimientos en caso de apreciar dichas cláusulas. Todo el procedimiento estaría regulado por plazos tasados que obligarían a decidir en muy poco tiempo. Como figura en una de las enmiendas, el PP quiere que «se agilice el procedimiento de ejecución».

MEROS RETOQUES / Anoche finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la ILP, prorrogado en varias ocasiones por el PP, que esperaba a conocer la sentencia del tribunal europeo. A excepción del PP y de UPD, todos los grupos coincidieron en aceptar la dación en pago, que constituye la principal propuesta de la ILP. Fiel a su tesis de que una dación en pago generalizada hundiría el mercado hipotecario, el partido del Gobierno se limita en las enmiendas a retocar el artículo del reciente decreto de reforma de la ley hipotecaria que establece los casos extremos en que los deudores tienen la posibilidad de acogerse a esa fórmula. Se trata de una pequeña ampliación de los umbrales de renta de los afectados. Serían tres veces el IPREM los ingresos máximos permitidos -cuatro veces si hay discapacitados en la familia-, siempre que el esfuerzo para pagar la hipoteca se haya incrementado en 1,5 veces en los cuatro años anteriores.

Desde París, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó las propuestas del PP porque sus decisiones deben ser «equilibradas». Además de atender «la situación difícil de muchas personas», argumentó que también hay que «preservar los intereses de los ciudadanos españoles que depositan sus ahorros en las entidades financieras». Añadió, además, que el suyo es «el primer Gobierno y el único» de la democracia que se ha ocupado del asunto.

CAMBIOS ANUNCIADOS / El resto de los cambios que propone el PP son los que ya anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria impulsada por el Gobierno. Se limitarían los intereses de demora a tres veces el interés del dinero, aunque esta previsión no afectaría a las hipotecas ya constituidas. Se elevaría, además, de uno a tres el número de impagos necesarios para poder ejecutar la hipoteca y se limitaría a 30 años el plazo máximo de amortización de los nuevos créditos para vivienda habitual.

También se propone reforzar la independencia de las tasadoras, limitando la presencia de los bancos al 10% del accionariado, endurecer el régimen sancionador y obligar a aceptar tasaciones homologadas que aporten los clientes.

EN VIGOR EN MAYO / Una vez entregadas las enmiendas de todos los grupos se convocará, probablemente la próxima semana, la ponencia que debe refundir el texto de la ILP con la reforma hipotecaria que promovía el Gobierno. El texto que se pacte en la ponencia pasará a votarse en la comisión de Economía del Congreso, que lo remitirá al Senado, para que la nueva norma entre en vigor casi con toda seguridad en mayo, dado que está sujeta al procedimiento de urgencia. El PP dispone de mayoría absoluta en todos los órganos, por lo que puede imponer todas sus

propuestas.