La ley de la segunda oportunidad

Los beneficiarios intentan frenar el recurso del PP contra la norma catalana antidesahucios y pobreza energética

pah pobreza energetica

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TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Mirian Coronas, de 36 años, y Yolanda Latorre, de 44, tienen vidas remendadas. Sus existencias se empezaron a descoser cuando se quedaron sin trabajo. A partir de ahí comenzaron a caminar rumbo a la pobreza y solo la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética les ha dado una segunda oportunidad. Las dos participaron el miércoles en la cacerolada delante de la sede del Partido Popular en la calle de Urgell en Barcelona coreando consignas "para impedir que se tumbe este pedazo de ley que es milagrosa", apunta Mirian. La protesta se realizó simultáneamente en medio centenar de ciudades de toda España.

Las movilizaciones se han multiplicado como medida de presión para impedir que el Constitucional, a instancias del Gobierno en funciones del Partido Popular, la suspenda de forma cautelar. El viernes acaba el plazo para poder hacer este trámite. La ley la aprobó el Parlament de Catalunya por unanimidad a raíz de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).  

Gracias a esta ley "a muchas lágrimas, a mucho esfuerzo y a mi familia de la PAH" ha logrado un piso de alquiler social por el que va a pagar 26 euros al mes. "Es el 10% de mis ingresos actuales, que ascienden a 213 euros", explica con todo lujo de detalles Mirian. Ella tenía una orden de desahucio que se cumplía justo el día que su hijo celebraba el quinto aniversario. En el último momento consiguió "gracias a la PAH" que el Ayuntamiento de El Prat se hiciera cargo de la deuda acumulada que tenía con el propietario y también del pago del alquiler de su piso hasta que le tramitaran un alquiler social previsto en la ley. Por la vivienda pagaba 650 euros. "La verdad es que el dueño se portó muy bien y tuvo mucha paciencia conmigo. Una de las veces que hablé con él sufrí un ataque de ansiedad", afirma.  

UN HOGAR

Mirian trabajaba en una cafetería de El Prat y cobraba 1.400 euros mensuales, pero únicamente estaba asegurada por media jornada. Cayó enferma y tuvo que ingresar en el hospital, cuando se recuperó quiso recuperar también el trabajo pero no pudo. "Me echaron y como mi nómina era de 650 euros me quedó un subsidio de 213 euros". Es lo que cobra desde junio del 2015 y tiene un niño, Iván, a su cargo. El pasado viernes le comunicaron que había logrado un alquiler social. "¿Cómo es el piso? Muy cuco", responde entusiasmada, y añade: "Solamente tiene 40 metros cuadrados, pero será mi casa y la de mi Iván en los próximos dos años. Un hogar para vivir". Sus peleas le ha costado conseguirlo: "La Administración estaba empeñada en meterme en la habitación de un piso con cuatro personas que no conocía. No entendían que tengo problemas mentales, incluso el informe del psiquiatra lo desaconsejaba".

Yolanda Latorre explica que siempre había pagado puntualmente el alquiler, pero con los 500 euros que cobra mensualmente porque tiene una minusvalía ahora le resulta "imposible". Yolanda también se quedó sin trabajo, pero sobre todo se quedó sin su hijo, que vivía con ella. "Tenía 15 años y un coche hizo un mal adelantamiento y se empotró contra su ciclomotor en una curva. Mi hijo murió 19 de agosto del año pasado". A partir de ahí fue dando tumbos. Se mudó a Terrassa, al mismo edificio donde vívia su hermana. "Para sentirme más acompañada. Me abrieron el piso de un banco que estaba vacío y allí me quedé a vivir". No podía hacer frente a los pagos de los suministros y el grupo Mina, de Aigües de Terrassa, le cortó el servicio en abril. "Las protestas de la plataforma y un informe de los servicios sociales conforme estoy en riesgo de exclusión y pobreza energética, y las garantías de la ley contra la pobreza energética me devolvieron el suministro. Solamente quiero que la ley siga en pie y no la tumben porque nos ha salvado a mucha gente. No solo eso, nos ha dado una vida digna".