La ley catalana impedirá el corte del suministro de energía por impago a familias pobres de noviembre a marzo

Las familias más vulnerables económicamente en Catalunya no verán cortados los suministros de electricidad, agua y gas en caso de que no puedan abonar la factura. Así será durante el periodo más frío del año, de noviembre a marzo, según una reforma del código de consumo catalán que será introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el 2014.

La norma está dirigida a proteger a las personas que viven una situación prácticamente límite. Para poder beneficiarse de la medida, un hogar tiene que presentar alguno de estos requisitos: que todos los integrantes de la familia sean pensionistas con ingresos no superiores a la pensión mínima o que sean todos desempleados que no cuenten con ingresos superiores a la renta mínima de inserción. También tiene que acreditarse que no es posible ahorrar más energía y que las tarifas contratadas responden a la tarifa social prevista por ley.

La medida se aprobará la semana que viene o en enero. Depende del PPC que sopesa retrasar la votación de la ley de acompañamiento llevándola al Consell de Garanties Estatutàries. Si lo hiciera, la votación se haría en enero.

Informe social

Las empresas suministradoras tendrán que disponer de un informe social sobre la situación de una persona o una unidad familiar antes de cortar el servicio. La administración tendrá la responsabilidad de facilitar ese informe en dos meses como máximo. En caso de que se generen deudas a las compañías, quienes estén dentro del colectivo señalado tendrá derecho a no pagarlo en el periodo citado, de noviembre a marzo, y podrá devolverlo entre abril y octubre.

Las empresas, según relata Empresa i Ocupació, han respondido positivamente y se han comprometido a dar cumplimiento a esta norma que emula situaciones de otros países y que también habían perseguido ICV y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Sin embargo, no está del todo claro que tengan la obligación legal de hacerlo. La competencia en consumo es exclusiva de Catalunya, y por esa parte parece que las firmas tendrían que obedecer. PEro la competencia en energía es compartida, siendo la de la Administración central jerárquicamente superior a la de la Generalitat. Por ello, fuentes del Govern sostienen que en el caso de que una empresa se negara a acatar la norma, podría impugnarla.

Pobreza energética

La pobreza energética se convirtió en un problema creciente a medida que la crisis se iba profundizando. Según el Idescat, el problema no es menor en Catalunya: en el 2011 había un 26,7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, y con dificultades serias para pagar las facturas o mantener la vivienda a una temperatura suficientemente caliente, y hay 193.000 familias que no pueden asumir los gastos en un tiempo adecuado. En España la situación es similar. Según un estudio sobre condiciones de vida elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 18% de los hogares españoles no tiene posibilidad de calentar su casa como quisiera, un 4,3% más que en el 2007, último año con datos disponibles para comparar. Y a todo esto, el frío de verdad está por llegar. Aún es pronto para saber cuántos radiadores no se encenderán por dinero.