El 70% de los letrados ratifican que las tasas restringen la justicia

Los abogados han constatado de forma directa que las tasas judiciales implantadas el año pasado por el hasta septiembre ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han impedido a cientos de ciudadanos acceder a los tribunales. El Col·legi d'Advocats de Barcelona ha realizado una encuesta que revela que el 68% de los abogados han tenido algún caso en el que el cleinte ha tenido que renunciar a la interposición de una acción judicial ante la obligación de pagar este canon. Los profesionales del derecho también desconfían respecto a la inversión en justicia de los fondos recaudados por esta tasa estatal. Según el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el 2013 se recaudaron por este concepto 317 millones de euros.

«Este hecho demuestra lo que la abogacía hace tiempo que denuncia. Las tasas judiciales suponen un impedimento para que los ciudadanos ejerzan su derecho a acudir a los tribunales para reclamar justicia. Las soluciones para paliar la situación en los juzgados y tribunales no pueden pasar por obstaculizar el acceso a la justicia, sino por establecer planes reales y factibles para solucionar las situaciones concretas en que se encuentran los juzgados», según el decano de los abogados barceloneses, Oriol Rusca.

En la presentación ayer de un informe sobre la situación de la justicia, Rusca aseguró que el colegio defiende la abolición de las tasas judiciales y espera que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sea fiel a sus palabras y, tal y como manifestó en su toma de posesión, esté dispuesto a enmendar la ley de tasas impulsada por su predecesor, que dimitió después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy renunciara a restringir la ley del aborto. Sus expectativas, recalcó Rusca, son «extremadamente buenas» tras la reunión que mantuvo con el actual responsable de la cartera, del que destacó su carácter «dialogante».

Obstáculo

A su entender, el ministro «tiene claro que las tasas no pueden ser un obstáculo para acceder a la justicia», por lo que el Col·legi d'Advocts de Barcelona, como hará también el de Madrid, suspenderá las movilizaciones de protesta que tenía previstas. Sin embargo, existe una plataforma de abogados de toda España que mantiene sus reivindicaciones, sobre todo en las redes sociales, para exigir la derogación inmediata de la ley.

Los abogados barceloneses también atribuyen, en parte, a las tasas judiciales el descenso de los litigios en todos los ámbitos judiciales, excepto en el social, en que se registró un ligero aumento respecto al año anterior. El informe destaca que la jurisdicción social, que se encarga de las demandas laborales, ha experimentado un crecimiento en los últimos años como consecuencia de la crisis, tal y como reflejan las tasas de paro, el descenso de las contrataciones y el volumen de despidos y reclamaciones de cantidad. En el 2006, se registraron 342.401 asuntos, mientras que en el 2013 esta cifra se disparó hasta 469.329 casos (el año anterior, 463.810) .

Colapso

El estudio desvela que la congestión que acumulan los juzgados de Barcelona mejoró en el 2013 en casi todas las jurisdicciones, menos en la social, en que el número de casos pendientes de resolución aumentó un 20% el año pasado respecto al 2012, debido a que las demandas por despido no han dejado de crecer desde el inicio de la crisis en el 2007. Este colapso en la justicia social-laboral provoca que, por término medio, el tiempo transcurrido entre la presentación de una demanda por despido laboral y la celebración del juicio correspondiente, que antes de la crisis era de cuatro meses, ahora alcance un año o un año y medio.

La congestión de la jurisdicción social no solo está provocada por la situación económica, sino también por los efectos de las últimas reformas laborales aprobadas por el Gobierno, según los abogados. En este sentido, advierten de que, al haberse eliminado los salarios de tramitación que las compañías debían pagar a empleados despedidos mientras se resolvía la demanda, los empresarios no tienen prisa alguna por que el caso llegue a juicio.

La deficiente organización judicial, a veces, tiene como resultado no solo el retraso en el inicio de la celebración del juicio, sino que puede llegar a comportar la suspensión del mismo. Los abogados han constatado que el 9% de las vistas señaladas son suspendidas. El 62% de estos casos se aplazan por falta de realización de alguna notificación o citación.

Entre los principales problemas detectados por los letrados destacan los retrasos acumulados en la celebración de los juicios. La mayoría de los retrasos son de entre 7 y 10 minutos (22%), seguidos de las esperas de 20 a 30 minutos (18%). Las principales causas son: el 47% por mala organización, el 29% por un retraso del juez y el 14%, del fiscal.