El letrado del kamikaze indultado trabaja con el hijo de Gallardón

ramón Jorge Ríos Salgado, el kamikaze que el Consejo de Ministros indultó el pasado 7 de diciembre tras haber permanecido en prisión 11 meses de los 13 años a los que fue condenado por conducir en el 2003 varios kilómetros contra dirección y provocar la muerte de un joven, tuvo como abogado a Esteban Astarloa, hermano del que fuera subsecretario de Estado de Justicia y secretario de Seguridad con José María Aznar, Ignacio Astarloa. El letrado defensor es socio del bufete Uría Menéndez, en cuya plantilla trabaja también un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Este último fue quien defendió el indulto ante el resto del Gobierno.

A pesar de que el Ministerio de Justicia desvinculó ayer la concesión del indulto con el trabajo del hijo del ministro (que regresó hace apenas dos semanas de la delegación que el bufete tiene en Brasil, en la que ha trabajado los últimos dos años), lo cierto es que a las críticas que la decisión recibió de la oposición se unió la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Aunque por motivos diferentes.

El titular de Interior reconoció que una norma no escrita aconseja al Gobierno no conceder indultos a condenados por delitos relacionados con la violencia machista o de seguridad vial con resultado de muerte. Aunque ayer mismo trascendió la concesión de otro indulto a un conductor condenado por causar tres muertes en Granada en el 2008 y que no llegará a pisar la cárcel.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS / El de Ríos «es un caso excepcional» que indica, añadió Fernández Díaz, que el Gobierno al que él pertenece tiene que «estar más atento a algunas cuestiones». ¿Por qué es excepcional? La oposición lo tiene claro. El diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares aseguró que Gallardón está usando los indultos para que sus amigos eludan la cárcel. «Es una barbaridad que a esta persona, por ser cercana al PP, como Carromero, se le hayan perdonado 13 años de prisión, y que se deniegue el indulto a un toxicómano rehabilitado cuya pena era muchísimo menor», en referencia al gallego David Reboredo.El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, pidió a la fiscalía que investigue si en la concesión del indulto ha habido tráfico de influencias.

El Ministerio de Justicia insistió en negar cualquier vinculación con el hijo de Gallardón. Este trabaja en el área mercantil del bufete y, según un portavoz del Gobierno, «no tenía ni idea de que un cliente del despacho en el que trabaja iba a ser indultado». Para justificar la medida de perdón, a la que se opusieron tanto la fiscalía como el tribunal que lo condenó, el ministerio aseguró que tuvo en cuenta los informes médicos y de la prisión. «Se trata de una persona rehabilitada y eso se ha tenido en cuenta», insistieron las mismas fuentes de Justicia.