"No es el momento de cambios"

Colectivos profesionales de diferentes ámbitos, como los arquitectos, abogados, registradores de propiedad y farmacéuticos, ven con recelos el proyecto del Gobierno dereforma de las reservas de actividad, es decir, lo que pueden y no pueden hacer legalmente. Varios lectores con profesiones liberales debaten sobre la reforma en ciernes.

Competencia feroz por sobrevivir

Los profesionales se oponen a que el Gobierno liberalice su actividad

Marta González. Arquitecta (Rubí)

El sector de la construcción, al que pertenecemos los arquitectos, es uno de los más castigados por la crisis. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se formaron más arquitectos de los que el mercado laboral puede absorber. De hecho, desde los propios colegios de arquitectos, hace tiempo que se nos invita a emigrar. Si ahora incorporamos a este mercado a los ingenieros, la competencia será feroz en términos de supervivencia. Por otra parte, no se entiende el papel de la carrera de Arquitectura en este nuevo panorama: quién va a querer estudiar cuando con una ingeniería técnica de tres años se adquieren competencias, no solo para ejercer como ingeniero sino también como arquitecto. Si finalmente se aprueba la nueva ley, va a ser necesaria una reestructuración de las carreras universitarias. En Arquitectura, durante cinco años (más el proyecto final), los arquitectos recibimos una formación específica para diseñar edificios. Las asignaturas que cursamos nos permiten construir edificios sólidos y resistentes, pero también bellos y útiles. Durante la carrera estudiamos historia de la arquitectura, composición, instalaciones, estructuras, y desarrollamos proyectos completos de todo tipo de edificios. Ingenierías hay muchas, cada una específica en su campo. Basta con mirar el programa docente de agrónomos, por ejemplo, para entender que ni los arquitectos podemos hacer el trabajo de los ingenieros ni ellos el nuestro. ¿Quién va a estudiar ahora Arquitectura? Solo quienes estén interesados en esta profesión, más allá de las competencias.

Por la seguridad y la calidad

Francesc Cruz. Ingeniero técnico industrial (Barcelona)

Aunque llevo más de 30 años colegiado en el Col·legi d¿Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, he estado ejerciendo la mayor parte del tiempo vinculado a empresas. Tan solo al inicio de mi carrera profesional estuve ejerciendo como autónomo por mi cuenta. En este sentido, puedo decir que solo he utilizado el colegio de ingenieros como una entidad a la que he recurrido para completar mi formación universitaria a posteriori o bien para obtener asesoramiento jurídico o laboral, de manera que la legislación que se aplica a los colegios profesionales no me afecta de un modo significativo. Aun así, mi opinión como profesional colegiado es que, a pesar de que la tendencia a la liberalización es generalizada, con los recortes a los que se ve sometida actualmente la Administración, los colegios profesionales deberían jugar un papel muy importante para asegurar la calidad y seguridad de los proyectos y productos en favor de los ciudadanos. 

Contra las luchas corporativistas

Pere Brunet. Ingeniero industrial y catedrático jubilado (Barcelona)

Soy ingeniero industrial colegiado, sin embargo, nunca he usado mi condición de colegiado porque me dedico a la docencia universitaria y a la investigación. Incluso así, mi opinión (no solo en este caso, sino también en muchos otros) es bastante clara: no soy partidario de las luchas corporativistas entre colegios profesionales. Siempre he pensado que las actitudes corporativistas solo sirven para poner barreras y que ponen puertas al campo. Es mucho mejor ser abierto que dedicarse a cerrar parcelas de poder que luego hay que defender con uñas y dientes... Personalmente, como ingeniero, preferiría que un proyecto lo pudiera llevar a cabo el profesional más competente, adecuado y cualificado para ello, no uno cualquiera por el simple hecho de que esté colegiado. En cualquier caso, también puedo llegar a entender las protestas actuales por parte de los arquitectos ante una ley inoportuna que echa más leña sobre la que ya les está cayendo encima.

Un solo colegio y libre asociación 

Pedro Ruiz. Profesor de Derecho y abogado (Sabadell)

Creo que hay que distinguir entre funciones públicas de los colegios profesionales y funciones privadas o asociativas. En cuanto a las primeras, no veo razón alguna para que haya en Catalunya 14 colegios de abogados, cuando de arquitectos, por ejemplo, solo hay uno. En cuanto a las funciones asociativas, la imputación a los colegios supone falsear la competencia. Lo razonable sería, en mi opinión, establecer un solo colegio por comunidad autónoma, limitado a funciones públicas, y cuya cuota obligatoria fuese la necesaria para cubrir los costes de mantenimiento del colegio y de las delegaciones. En el resto de funciones, debería facilitarse el asociacionismo profesional, sin interposición de colegios. En el anteproyecto hay otros aspectos, como la compatibilidad de la función de procurador y de abogado, que abaratarían el coste del proceso para los litigantes, y que se ha pasado por alto. Y se suprime el examen de acceso al ejercicio de la abogacía, un requisito generalizado en la UE. La universidad no puede garantizar --no es su función-- la aptitud profesional de los licenciados para defender a los ciudadanos en los tribunales.

Castigar a colectivos golpeados por la crisis

Robert Álvarez. Abogado urbanista (Barcelona)

La nueva regulación confirma el dicho de que siempre llueve sobre mojado. Bajo el pretexto de fomentar la competencia en el sector servicios, se agrava el problema de profesiones muy afectadas por la crisis. En el caso de los abogados, la eliminación del procurador y la cláusula de reserva exclusiva de colegiación para los profesionales que ejercen ante los tribunales, es positivo en cuanto a la homologación con Europa, pero ni es el mejor momento para cambios ni será un ahorro para el ciudadano. Por otra parte, eliminar el examen para ejercer y mantener el máster no perfecciona una legislación con una de las vacatio legis más generosa en su aplicación. Y establecer un colegio por comunidad autónoma, si bien supone una reducción del número de colegios, transgrede la capacidad de organización de la Generalitat en esta materia. El anteproyecto abre la puerta a la proyección y dirección de obras de los proyectos arquitectónicos a profesionales que no sean arquitectos porque, dicen, todo son construcciones. Como abogado urbanista, el uso de las edificaciones debería determinar quién lleva a cabo su construcción.