Las tasas judiciales provocan una caída de los pleitos de hasta el 21%

La tasas judiciales impuestas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón están teniendo efectos muy disuasorios para la población y las pequeñas empresas, al limitarles el acceso a la justicia por motivos económicos, según los juristas consultados por EL PERIÓDICO. El número de pleitos se ha reducido de forma considerable desde diciembre del 2012, cuando se empezó a cobrar las tarifas. En determinadas jurisdicciones y periodos, el descenso ha sido del 21%. Los abogados señalan que la bajada en ciudades como Barcelona puede llegar al 40%.

El Gobierno del PP ha reconocido en una respuesta parlamentaria al diputado de ICV, Joan Coscubiela, que la caída de la litigiosidad se debe no solo a la coyuntura económica (falta de recursos para contratar al abogado y procurador), sino también a la ley de tasas, que supone el pago de un tributo por demanda o recurso interpuesto que oscila entre los 100 y los 1.200 euros, más variables por cantidad reclamada.

Según la información facilitada por el Gobierno a ICV, en el primer trimestre del 2013 (en el escrito pone «semestre», pero según Justicia está equivocado) se produjo un descenso de pleitos del 21% en la jurisdicción contencioso-administrativa y del 14% en el orden civil, mientras que en el social (laboral) hubo un aumento del 1,3%, en comparación con el mismo periodo del 2012. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el cómputo anual, las caídas en el contencioso y en el civil fueron del 15,5% y el 9,2%, respectivamente, mientras que en el social el incremento fue del 2,1%. En el penal, que descendió, no hay tasas.

«El Gobierno se está cargando el Estado de derecho y la tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanos, dificultando el acceso a la justicia. Están creando una sociedad de doble rasero. Una justicia para ricos y otra más restringida para los que no tienen recursos. El acceso a los derechos básicos se limitan por una cuestión económica», aseguró a este diario Coscubiela.

Declibe progresivo

Sin embargo, el Gobierno alega en esa respuesta que esta disminución en el ingreso de  casos se remonta a antes de la entrada en vigor de la tasa judicial, a finales del 2012. Según el Ejecutivo, en el primer trimestre del 2012 ya se produjo un declive de un 26,1% de ingreso de procesos en la jurisdicción contenciosa-administrativa y  de un 10% en la civil, en comparación con el mismo periodo del 2011.

El magistrado Joaquín Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia, tiene la respuesta: «Entre el 2007 y el 2010 hubo un repunte importante de demandas a causa de la crisis económica. Después, se produjo un descenso. Con la tasas judiciales, el Gobierno ha conseguido su objetivo de descender la litigiosidad, pero a costa de dejar fuera del sistema a los sectores de la sociedad que no pueden asumir su desembolso».

Una parte importante del mundo judicial sigue apostando por la eliminación de las tasas. «Se ha de derogar la ley porque está claro que restringe el acceso a la justicia», incide el decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Oriol Rusca. «Además, hay una verdadera opacidad sobre este tema, cuando tendría que haber la máxima transparencia. Y la recaudación no se destina por ahora a la modernización de la justicia ni a la justicia gratuita como se prometió en su día, sino a las cuentas generales del Estado», explica. El ministro de Justicia explicó en el Congreso hace unos días que en el 2013 se recaudaron por tasas judiciales 316 millones de euros.

Patra el abogado experto en derecho de daños y seguros Daniel Vosseler la tasas judiciales son «el primer peldaño de la privatización de la justicia, con clara infracción de la tutela judicial efectiva [acceso a la justicia] y al principio de igualdad. Las grandes empresas sí pueden costear los gastos. En cambio, dinamitan a las clases frágiles de la sociedad».

Preferentes

Verónica Dávalos, de la comisión de normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, apunta que dos de los grupos más perjudicados son los afectados por las preferentes, normalmente jubilados, y por la hipoteca, pues carecen de recursos económicos. Muchos de ellos no tienen derecho a justicia gratuita. El abogado y diputado del colegio profesional, Jesús Sánchez, agrega que no solo se limita el acceso a las personas incluso de clase media, sino también a las pequeñas empresas, que tampoco pueden reclamar, por ejemplo, una deuda.