Tendencia en el sector inmobiliario
Las nuevas comunas
Juan Abellán y María Caballero se emancipan. Dan el paso, a los 75 años él, y con 69 ella. No es, evidentemente, una independencia al uso. Su liberación es de la rutina consagrada al trabajo y la familia, y, sobre todo, de los planes que la sociedad tenía preparados para esta pareja sin consultarles siquiera. Cuando la mayoría empieza a resignarse a una realidad marcada por la gran dependencia que impone la vejez, ellos apuestan por lo contrario: un desenlace alejado de los geriátricos y sin ser una carga para sus hijos. Con ese fin se mudan a La Muralleta, en Santa Oliva (Baix Penedès), un proyecto de cohousing o vivienda colaborativa donde todos los vecinos son personas mayores. Allí esperan disfrutar de su última etapa en plena libertad y con la mayor calidad de vida posible.
El espíritu de la iniciativa trasluce en cada gesto, como cuando Juan baja del coche y cuatro cooperativistas le ayudan a trasladar una cómoda que trae del que era su domicilio habitual, en Cornellà. «Luego te ayudo a montarla, que ahora tengo que ir al médico», le dice Antonio Barrera, de 72 años. El colectivo por encima de todo y de todos. Una filosofía que alumbra la esencia del proyecto, según José Caballero, impulsor de la cooperativa. «Nuestra obsesión es disponer de la infraestructura necesaria para el futuro, cuando seamos dependientes», dice Caballero.
SEGUNDA FASE / Es un proyecto de sistema integral de vida «que concilia las ventajas de las residencias para ancianos pero en un entorno familiar y de autonomía personal», resume Caballero. Solo en Catalunya hay otras 22 iniciativas, de mayores y multigeneracionales, en marcha o en proceso de estudio. En una finca de casi dos hectáreas hay espacio para 16 viviendas construidas e instalaciones comunes que incluyen un gran huerto parcelado por propietario, jardín, aparcamiento y, cómo no, pista de petanca. En el futuro se prevé una piscina -«para que los nietos disfruten», dice Caballero-, y sobre todo aprovechar el amplio espacio para una zona común de 330 metros que acogerá una gran cocina, comedor, gimnasio y un centro de día para asistir a quienes requieran servicios del fisioterapeuta y otros profesionales de la salud. «Mucho más barato, porque no los contratará una persona, sino las 6, 7 o 14 que lo necesiten», añade. «Y con habitaciones habilitadas por si me estropeo y paso 24 horas postrado en la cama», explica Miguel García, uno de los más jóvenes, a sus 66 años.
Para acometer esas obras que culminarían el proyecto colaborativo, se precisa de un capital social que esperan obtener de una segunda fase de viviendas, otras 16. «Serán tipo apartamento, de 36 metros cuadrados y una habitación, más pequeñas que las ya construidas, de casi 60 metros y dos cuartos», explica Ana López, de 61 años y esposa de García. También los precios varían. Los nuevos inmuebles costarán unos 80.000 euros, «la mitad para el terreno edificable y disfrutar del derecho a zonas comunes», y el resto para construir la vivienda, calcula Caballero. Parte servirá para reducir el desembolso ya realizado por cada socio, «unos 162.000 euros», precisa.
«Precios a la mitad que en el mercado, con todos los servicios asistenciales, y en libertad, sin perder intimidad ni ser un lastre para los hijos, relata García. «Como una residencia, pero sin ser una residencia: es tu casa», dice su esposa. «Y con criterios de sostenibilidad, en un entorno natural. Con este panorama, ¿qué hago en la ciudad?», dice Caballero. «Mirar obras», replica López entre risas.
LO INEVITABLE / «Nos preparamos para lo inevitable. Por eso tenemos puertas más anchas y correderas, plato de ducha y todos los espacios accesibles, para ir al jardín sin problema si acabamos en silla de ruedas», explica López. Cada vecino -la mayoría parejas, excepto tres mujeres- eligió la distribución de la vivienda, pero tanto el espacio exterior como el resto del proyecto se consensúan en un modelo de autogestión expuesto en los estatutos, dirigido por un órgano rector y que adopta sus decisiones en modo asambleario. «Hay menos conflictos que en una comunidad de vecinos: hay más espíritu de grupo y somos mayores; no somos incendiarios, somos bomberos», dice García.
Será la asamblea la que decida la pertinencia de los futuros vecinos. «No quisiera que viniera gente muy consumista, no encajarían», argumenta Caballero, activo sindicalista en su periplo laboral en el Baix Llobregat y que se planteó el proyecto cuando le prejubilaron de su puesto de control de calidad, a los 51 años.
Fue en el 2000 cuando él y otros seis amigos y familiares constituyeron la cooperativa, pensada para personas de más de 50 años y que contemplaba dos franjas de edad: un grupo más joven y otro más mayor. «Lo que no pudiera asumir una persona de 85, lo haría una de 62», relata. Pero «las trabas burocráticas del ayuntamiento», con litigio incluido, «y la pasividad de la Generalitat» ralentizaron el proyecto, cuya primera fase culminó el 2012. Son mayores, saben ser pacientes, pero andan inquietos. Ligan el futuro de La Muralleta a la llegada de cooperativistas que garanticen el relevo. «Nosotros íbamos a ser los jóvenes, pero ya nos estamos haciendo viejos», confiesa Caballero.
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