Las entidades sociales llevan tiempo pidiendo al Govern que se plantee una revisión de la renta mínima de inserción (RMI) y que no se limite a cercenar el número de titulares por falta de dinero. Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que agrupa a 85 organizaciones, se cansó de esperar una decisión del Ejecutivo catalán e impulsó un estudio sobre la materia. Entre otros motivos, por el hecho evidente de que en estos momentos, por primera vez, personas que reúnen los requisitos para percibir la RMI no la cobran, y que algunas de ellas no tienen ninguna ayuda alternativa. A la vista de que abandonarlos a su suerte no ha sido en las últimas décadas algo que se hiciera en Catalunya, ECAS juzga imprescindible buscar soluciones.

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 04 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Las principales conclusiones del texto, entregado al Govern y a los partidos con representación en el Parlament, apuntan a que a la contundente reforma de la RMI con el único objetivo de reducir el número de titulares deben seguirla medidas complementarias. ECAS recuerda que dejar de invertir en gasto social podría provocar a la larga un mayor coste para recuperar a personas económicamente desahuciadas y propone implantar la renta básica de subsistencia, prevista en el Estatut, para aquellas personas que no perciben ninguna prestación, no tienen ningún ingreso.

TRES SUPUESTOS / La renta ascendería a casi 8.000 euros anuales y no obligaría a contraprestación alguna. Estaría dirigida a tres grupos. El primero, personas de más de 60 años hasta que llegue su edad de jubilación y pase a cobrar la pensión correspondiente. En segundo lugar, para desempleados que buscan trabajo. En este caso, la renta se reduciría en cuanto el titular encontrara un trabajo remunerado, y se extinguiría en cuanto el sueldo superase a la ayuda. Además, ECAS propone bonificaciones para incentivar la inserción laboral, que se concretarían en descuentos de las cargas en concepto de seguridad social y el IRPF. El tercer grupo que recibiría la renta de subsistencia es el de las amas de casa de hogares sin ingresos cuya labor, privada, no se ha visto nunca reconocida.

LABORAL Y SOCIAL / Las entidades sociales también subrayan la necesidad de fomentar la inserción laboral y piden que no se separe la gestión de los casos de exclusión laboral de los de la llamada social. Esta diferenciación sirvió para dejar fuera de la RMI a los parados de larga duración ante el temor que tras agotar el subsidio de desempleo colapasaran la renta mínima de inserción, ya que la Generalitat no tenía recursos para asumir tantas prestaciones. Las entidades recuerdan que un caso de RMI laboral puede acabar siéndolo de exclusión social.