PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Las entidades sociales piden una prestación de 2.500 € por hijo
Poner remedio a la "pobreza extrema de la infancia" en Catalunya. Este es el objetivo último de la prestación económica universal para la crianza (PEUC) que reclamó el pasado jueves la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA). La propuesta plantea implantar antes de un lustro una ayuda de 2.500 euros anuales por cada menor de Catalunya, o lo que es lo mismo, 208,33 euros mensuales. La introducción de la prestación se haría a cambio de ir eliminando las ayudas que ya existen para subvencionar los gastos de crianza de las familias (como las de los ayuntamientos, las becas de comedor y las de transporte).
La idea es cubrir cerca de la mitad del coste del cuidado de los hijos, sea cual sea la situación económica de la familia. El carácter universal de la prestación, defendió la presidenta de la FEDAIA, Conxi Martínez, evitaría "el estigma social que provocan algunas ayudas", que hace que algunas familias se resistan a pedirlas.
Dado que en Catalunya hay 1.366.488 menores de edad, la federación calcula que el coste total de la operación sería de unos 2.415 millones de euros, descontando las cantidades que se recuperarían vía impuestos y la desaparición de las otras ayudas.
UTOPÍA O NO
La propuesta de la FEDAIA fue debatida tras su presentación en el Col·legi de Periodistes por representantes de los partidos. Para Roger Montañola, de Unió Democràtica, disponer de tanto dinero que gastar para la protección de las familias sería "un milagro, y los milagros no se pueden hacer". Al contrario, Sebastià Sarasa, profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra, afirmó: "No es una utopía, es una práctica normal en los países europeos". Según la FEDAIA, los recursos medios que la Generalitat destina a la protección familiar suponen 241,73 euros per cápita, mientras en el conjuto de España son 321,22 euros, y en la Unión Europea, 568,19 euros.
Eva Granados, diputada del PSC, puso de relieve la mejora de la "igualdad de oportunidades" en la educación que permitiría, según ella, la PEUC. Pero para Fernando Sánchez Costa, del PP, "una educación inclusiva y exigente también es un ascensor social". Gemma Lienas, de Catalunya Sí que es Pot, insistió sobre todo en las repercusiones sobre la salud. Consideró que no solo impulsaría una reducción de la "malnutrición infantil", sino también de "los problemas mentales, que aumentan". Y aseguró que su coalición "hace suya" la propuesta para el 27-S.
"No aplicable" para unos, un "punto de partida" para otros, la PEUC no dejó a nadie indiferente. Aunque para la concejala de Derechos Sociales Laia Ortiz, la medida no evitaría que se tuvieran que seguir impulsando "políticas fuertes que protejan los derechos de los niños y las familias".
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