Las entidades sociales enfrían el optimismo del Govern sobre la pobreza

Diferentes colectivos critican que la mayoría de las medidas acordadas siguen pendientes y ya han surgido nuevas necesidades

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TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Las entidades y colectivos sociales han arrojado este  miércoles un jarro de agua fría al optimismo del Govern sobre la aplicación de las medidas aprobadas hace un año y tres meses por el Parlament en el pleno sobre la pobreza, y que pretendían detener la creciente situación de exclusión social de las familias catalanas.

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, ha afirmado que, sin haberse solucionado las situaciones denunciadas, ya han surgido nuevas necesidades sociales que no están resueltas como, por ejemplo, el encarecimiento del precio de la vivienda en Barcelona, que ha desencadenado “exclusión residencial y situaciones de pobreza”. A su juicio, más importante que el grado de cumplimiento de las resoluciones acordadas es el impacto que tienen. "Estamos lejos de conseguir la situación que quisiéramos, con un 19,2% de tasa de pobreza", denuncia.

Illa, no obstante, ha valorado el que se haya hecho un seguimiento del grado de cumplimiento de los acuerdos parlamentarios y también que se haya producido un aumento de recursos para combatir la pobreza aunque ha reconocido que “hay mucho trabajo por hacer”. De hecho, en Catalunya hay alrededor de 100.000 hogares en los que no entra ningún ingreso.

NO ES LUJO, ES UN DERECHO

Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), ha sido crítica porque en el pleno “se aprobaron medidas urgentes” y, pese a esta premura, “todavía no se han aplicado y otras están congeladas”. “El proceso ha sido muy lento”, ha afirmado la responsable de la entidad. Y ha reconocido que las urgencias "han quedado en el tintero y se ha culpado de ello a la demora en la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat".

Crespo ha elogiado algunas medidas sociales como la mejora de las becas comedor y la creación de nuevas plazas en residencias, y ha expresado en voz alta su principal preocupación: “Garantizar unos ingresos mínimos a toda la población que lo necesite”.

Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renda Garantida de Ciutadania, ha explicado que hasta ahora solo se "han hecho apaños" para resolver la pobreza "ni siquiera hay una política de ayudas a la vvivienda". Considera que los datos son tercos y revelan que la situación económica ha empeorado para muchas familias porque la pobreza severa, la más grave, ha aumentado; la penuria se ha cronificado, y los mayores también van peor porque las pensiones no se han incrementado lo suficiente.

LA RENTA GARANTIZADA

Toledano confía en que esta situación quede amortiguada por la implantación de la renta garantizada, que podría aprobar el Parlament a final de julio, y comenzar a aplicarse en septiembre. El portavoz afirma, no obstante, que además de la prestación "lo importante es la lucha por un trabajo digno y derogar la reforma laboral".

Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), ha lamentado que el pleno del Parlament haya pasado de puntillas por este tema que, a su juicio, representa “una emergencia social”. Campuzano ha afirmado que poner la calefacción en invierno y un ventilador en verano “no es un lujo, es un derecho”.

Para la portavoz de la APE, “el Govern ha vuelto a dar la espalda a las familias”. Además, ha señalado que la Administración no se ha pronunciado sobre los convenios de pobreza energética que las compañías eléctricas tenían que haber firmado el pasado 31 de marzo para hacerse cargo de una parte de las facturas de las familias más vulnerables. “Tampoco han mencionado los cortes que se han producido, ni se ha hablado de las familias que en situación de okupación de viviendas”, ha dicho Campuzano.