Las entidades sociales echan en falta contundencia en el frente antidesahucios

Las entidades sociales se han mostrado “satisfechas a medias” tras la reunión mantenida este martes con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los alcaldes de los principales municipios catalanes con el objetivo de formar un frente común ante el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana antidesahucios. “No salimos de aquí con un listado de acciones concretas para garantizar el derecho a la vivienda”, ha lamentado Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Tanto la PAH como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), además de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, han frenado la euforia que se detectaba entre el Govern y las dos asociaciones que agrupan a todos los municipios de Catalunya. “No podremos decir si estamos contentos hasta que pase un tiempo y veamos los resultados de esta reunión”, ha precisado Oriol Illa, presidente de la entidades agrupadas en la mesa del tercer sector.

Las entidades sociales han llegado a la reunión celebrada en la tarde de este martes en el Palau de la Generalitat con una hoja de ruta clara y concisa para garantizar el derecho a la vivienda que consideran que quiere vulnerar el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). El Ejecutivo de Rajoy considera que parte de la ley de medidas urgentes contra los desahucios aprobada por el Parlament en julio del 2015 invade sus competencias, sin tener en cuenta que solo en Barcelona ha evitado 639 desahucios en lo que va de año.

NUEVO INSTRUMENTO

Crear de forma inmediata un nuevo instrumento legislativo que garantice la cobertura que dan los artículos recurridos es la primera medida que han planteado las entidades sociales en la reunión de este martes, y ha sido asumida. Por ello se han mostrado contentos los representantes de la PAH y de la APE, que junto el Observatori DESC impulsaron la iniciativa legislativa popular que desembocó en la ley 24/2015. "Por una parte, estamos bastante satisfechos, pero no hemos acabado de concretar acciones concretas”,  ha insistido el portavoz de la PAH.

“Existe voluntad, pero no hemos llegado al nivel de concreción que deseamos”, ha añadido Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética. "Estamos satisfechos porque ha habido unanimidad en la necesidad de crear un nuevo instrumento legislativo, pero no se ha conseguido concretar otros aspectos”, como es el caso de la imposición de multas a los grandes tenedores de pisos vacíos, ha resumido Campuzano.

LOS GRANDES AUSENTES

Tanto la representante de la APE como el de la PAH se han referido a la necesidad de firmar convenios entre Generalitat y ayuntamientos con las empresas financieras y las suministradoras energéticas. El objetivo es que el coste de las ayudas a las familias necesitadas no recaiga en las administraciones públicas. Illa ha destacado, precisamente, que los grandes ausentes en la reunión mantenida con el presidente Puigdemont han sido las empresas financieras y las suministradoras de agua y electricidad.

“Hemos encontrado a faltar en esta reunión a las companías de suministros y a los grandes tenedores de viviendas”, ha indicado Illa. “Sin las empresas dentro de esta situación de emergencia social no resolveremos el problema”, ha sentenciado. El presidente de la mesa del tercer sector también se ha mostrado partidario de auditar, de forma tan frecuente como sea posible, los resultados que depare la nueva situación para comprobar así la evolución del número de familias afectadas.

Illa ha explicado que con el recurso del Gobierno “vuelve a existir una situación de riesgo” para miles de familias. Para demostrarlo ha puesto sobre la mesa cifras como los 68.000 desahucios tramitados en Catalunya desde que se inició la crisis y las 680.000 personas que, según datos oficiales, no pueden mantener el suministro energético en sus hogares.