Las entidades afirman que siguen los cortes de energía a pobres

El pasado miércoles el 'conseller' de Empresa, Felip Puig, aseguró en el Parlament que con el protocolo puesto en marcha tras la negociación con las empresas suministradores «no hay ninguna familia» en Catalunya sin luz, gas o agua por no poder pagar las facturas. Afirmación que las entidades se apresuraron a desmentir ayer.

El 'conseller' explicó que gracias la modificación en el código de comercio, a los recursos que destinan los ayuntamientos y consejos comarcales y a la «complicidad» de las empresas, se están evitando los cortes en los suministros durante este invierno.

Ante estas afirmaciones, las entidades que luchan contra la pobreza energética se echaron las manos a la cabeza. Fuel Poverty Group, un proyecto que aglutina a la fundación Acció, Benestar i Desenvolupament (ABD) y Ecoserveis, negó tajantemente que se hayan suprimido los cortes. «En la sociedad catalana, todavía hoy, hay gente a la que se le corta la luz [por no poder pagar la factura] y hay familias que pasan frío en su casa», aseguró Fuel Poverty Group.

El protocolo impulsado por Puig consiste en que las compañías no cortarán el servicio por impago a los usuarios que confirmen, mediante un informe de los servicios sociales, que están en situación de vulnerabilidad. Los problemas son que esta medida ha tenido poca difusión y que lograr el informe no es sencillo.

«Tenemos constancia de que hay muchas personas que han pedido visita en los servicios sociales para poder tramitar el informe, pero en algunos centros hay lista de espera de algunos meses, lo que significa que puede pasar bastante tiempo sin que consigan este certificado», afirma Núria Salas, portavoz de Fuel Poverty Group. «Además tienen que estar acogidos al bono social, y muchas de las personas que se encuentran en este tipo de situaciones no saben ni qué es», señala la portavoz.

Entre las situaciones de precariedad que han encontrado después del protocolo hay familias que no pueden ducharse con agua caliente, que cocinan con cámping gas para no encender la cocina eléctrica o que tienen habitaciones donde la calefacción no se enciende nunca. En noviembre, este proyecto publicó un estudio en el que se detectaba que 8 de cada 10 familias en vulnerabilidad social en L' Hospitalet de Llobregat no calentaban su casa por el precio de la electricidad.

Para Salas, la modificación en el código de comercio no es más que una reproducción de la tregua invernal del año pasado, a la que solo accedieron 400 familias, cifra considerado por todos como un fracaso.