Las autonomías exigen a Justicia el traspaso del dinero recaudado

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido contra viento y marea el incremento de las tasas judiciales con el argumento de que gracias al polémico tasazo se va a poder financiar la justicia gratuita y el incremento del número de beneficiarios que aprobó el Gobierno a principios del año pasado.

«Si no hubiésemos aprobado las tasas judiciales, nosotros no habríamos podido elevar los umbrales de renta. Hoy proporcionamos justicia gratis a un número muy importante de ciudadanos que antes no tenían», argumentó hace justo 15 días, cuando la oposición le increpó por última vez en el Congreso sobre el tema. Sin embargo, las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de sufragar los abogados de oficio, aún no han visto ni un euro de los 316 millones recaudados en el  2013 y, lo que es peor, según denuncian, el Ejecutivo mantiene una posición «cicatera» y prevé destinar una cantidad «ínfima» a financiar el acceso a la justicia de los que menos tienen.

En la última conferencia sectorial con el ministerio, los consejeros de Justicia se encontraron con que Gallardón ha decidido poner un tope al dinero que transferirá a las autonomías a partir del 2015,. El límite será el triple del dinero que, de media, inviertan las comunidades que no tienen transferidas las competencias en el incremento del número de usuarios de la justicia gratuita. Ante esta decisión, representantes autonómicos de todos los colores montaron en cólera y, a la salida de la reunión, en declaraciones a los medios, exigieron al ministro que «cumpla su palabra» y «reconsidere su postura dado que «la propuesta inicial y la nueva son diferentes».

Incluso la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Ignacio González, dirigió a principios de este mes un requerimiento formal a Justicia para que el dinero recaudado por el tasazo se destine a los abogados de oficio. Madrid amenaza al Gobierno con solicitar la derogación del impuesto si Gallardón no modifica su propuesta para evitar que este sea «un mero instrumento recaudatorio».

La Generalitat -que destinó 60 millones de euros a justicia gratuita en el 2013- comparte las críticas del resto. De hecho, el Govern se ha unido a partidos y entidades y, como la comunidad madrileña, interpuso sin titubeos ya hace meses un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas gubernamentales.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD / Casi todos los grupos de la oposición (PSOE, Izquierda Plural, PNV y CiU) han presentado además enmiendas de devolución al proyecto de ley de justicia gratuita, que inicia ahora su tramitación, aunque el aumento del número de beneficiarios debido al incremento de los umbrales económicos de acceso (de 14.000 a 15.000 euros anuales) y el reconocimiento de este derecho a víctimas de la violencia machista, el terrorismo y la trata de seres humanos, entre otros delitos, entró en vigor en enero del 2013.

La oposición no comparte que se amplíe el número de beneficiarios con cargo a las tasas y no a los Presupuestos Generales del Estado porque aumenta las «incertidumbres». Critica además que se deje fuera a los inmigrantes sin papeles, así como a muchos desfavorecidos dado que en determinadas situaciones, como en las familias unipersonales, los requisitos para aprovechar el derecho se endurecen. «Si la ley de tasas ya ha expulsado a la clase media asalariada del sistema de justicia, ahora se pretende dejar una primera clase de aforados y una clase en la que habrá una justicia de beneficencia», denuncia el portavoz de justicia de IU, Gaspar Llamazares.