dictamen preliminar

Las agencias de datos europeas piden restringir el uso de drones

Un operador dirige un dron a corta distancia.

Un operador dirige un dron a corta distancia.

CARMEN JANÉ / BARCELONA

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Las autoridades europeas de protección de datos (el llamado Grupo de Trabajo 29, del que forma parte la Agencia Española de Protección de Datos) han aprobado el primer dictamen conjunto sobre el uso de drones (aeronaves pequeñas dirigidas por control remoto), a los que ven como una amenaza para las libertades individuales por su potencial como captadores de datos personales gracias a la incorporación de cámaras y sensores y la baja altura a la que pueden volar.

El Grupo de Trabajo 29 recomienda que se regule su uso civil y las zonas de vuelo permitidas tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la privacidad. El dictamen no es vinculante, pero suele componer la «parte técnica» de las decisiones que después adoptan los ministros comunitarios del ramo correspondiente, como ya ocurrió con el derecho al olvido.

Los técnicos de privacidad, en este caso, piden que se elaboren «reglas específicas» para asegurar un «uso responsable» de los drones y que dichas normas «incluyan necesariamente el respeto a las áreas privadas como jardines, patios o terrazas». Para facilitarlo, propone prever la delimitación de perímetros virtuales que señalen las zonas de prohibición de vuelo y la difusión de  mapas con estas áreas.

El documento recomienda a los fabricantes de aparatos que adviertan en los embalajes de su uso para registrar datos de forma indiscriminada y reclama que se incorporen mecanismos de privacidad por diseño, es decir, que se diseñen pensando en cómo se van a gestionar posteriormente los datos, sobre todo las imágenes tomadas con la cámara.

NO EN ZONAS URBANAS / En España, los drones están regulados para usos civiles desde hace un año por una norma de Fomento que ya establece el veto a que vuelen sobre zonas urbanas, aglomeraciones o espacios cercanos a los aeropuertos «por una cuestión de seguridad», recuerdan fuentes de Aviación Civil. Usos policiales o militares, sin embargo, no están recogidos en la norma de Fomento, que está pendiente de ser desarrollada desde entonces.

Las agencias europeas de datos, en su línea de reclamar siempre el consentimiento informado de los usuarios, piden a los fabricantes de drones que avisen en sus embalajes de la «potencial intrusividad» de esta tecnología, que los aparatos sean visibles y que las autoridades locales creen sistemas de alerta para avisar de que un dron está filmando, para minimizar los riesgos. En el caso de que se utilicen para tareas de vigilancia, advierten, no debe permitir el rastreo constante y, «en caso de que este fuera necesario, debe quedar restringido al marco de las investigaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas legales». También rechazan que se automaticen en exceso sus acciones y proponen que estas sean vigiladas, al menos, por un operador humano.