Las administraciones no saben, no contestan

un estudio hecho el año pasado por varias organizaciones civiles para medir el nivel de acceso a la información en 80 países dejó a España en el lamentable puesto 58: el amplio abanico de estados que al parecer tienen más perfeccionado este derecho democrático -el derecho de cualquier ciudadano de pedir y recibir en un plazo razonable información pública- incluye, curiosamente, a muchos de los que se tiende a mirar por encima del hombro: El Salvador, Ghana, Malí, Botsuana, Camboya, Honduras, la República Dominicana; por mencionar unos pocos. Los que han estudiado el tema saben que es el lugar que España se merece, y recuerdan, por ejemplo, que sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes que carece de una ley de transparencia y acceso a la información (Malta, Chipre y Luxemburgo son los otros); un estudio (otro), también del año pasado, señala que cuando un ciudadano acude a las administraciones de España en pos de información (a todos los niveles: estatal, autonómico y municipal), solo una de cada cinco veces recibe una respuesta adecuada.

En ambos estudios participaron miembros de Access Info Europe, una oenegé con una amplia experiencia en el tema que lleva años pidiendo una ley de transparencia en España, y que junto con la Fundación Civio está detrás de la puesta en marcha de una web, http://tuderechoasaber.es, que a partir de este jueves, funcionando como puente entre los ciudadanos y las administraciones, intentará dar un paso más hacia el objetivo básico: que las personas pregunten y que les respondan rápido.

APRENDIZAJE / «El propósito es trasladar las preguntas de los ciudadanos a la administración correspondiente», explica Victoria Anderica, coordinadora de campañas de la oenegé. «Se trata de que la gente aprenda qué es exactamente el acceso a la información pública, de manera que cuando ese derecho exista tengan a sus espaldas un recorrido práctico».

Aunque en pruebas, la página se encuentra activa desde hace un par de semanas, y no más acceder a ella los navegantes han encontrado un aviso: «Quedan [equis] días de plazo para que el PP cumpla su promesa de presentar una ley de transparencia». «En una campaña tan ambigua como la que hizo Rajoy -explica Anderica- una de las pocas cosas que prometió claramente fue esa, que aprobaría una ley de transparencia antes de cumplir 100 días de mandato. Y yo, no sé, tendré con el PP una especie de síndrome de Estocolmo, me imagino, pero me lo creo». Ayer, precisamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que una de las próximas leyes que aprobará el Consejo de Ministros será la de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Anderica dice que el 15-M ha sido entre otras cosas un multiplicador de la idea de transparencia; de, en concreto, «la necesidad de mejorar la transparencia para evitar nuevos casos de corrupción»; y que es en buena medida gracias a eso que el asunto está actualmente en la agenda política. Lo está: amén de la esperada acción del Gobierno, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, llamó la atención la semana pasada sobre el vacío que supone justamente no tener una ley de transparencia, y entregó al presidente del Parlament un informe basado en las numerosas quejas recibidas por parte de ciudadanos a los que las administraciones les han negado información (cargos electos incluidos). Ribó sabía perfectamente lo que decía cuando afirmó: «No hay suficiente con esta ley. Es necesario un cambio cultural»; los expertos coinciden en que el gran problema es la cultura de la opacidad: está demasiado arraigada.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO / La campaña de las 100 preguntas: así fue bautizado el estudio realizado por Access Info y la Coalición Pro Acceso según el cual solo el 20% de las preguntas que se hacen en España son satisfactoriamente contestadas. Pero hay más, claro: «Lo que hicimos -dice Anderica- fue pedir a la gente que nos enviara sus preguntas para nosotros hacerlas llegar a las administraciones. Un tercio de ellas estaban relacionadas con la ejecución del presupuesto: la gente no sabe, pero quiere saber, en qué están gastando las administraciones el dinero. Otro tercio se refería a la implementación real de determinadas políticas, y el otro eran preguntas sobre el día a día; 'Dónde está mi mercado', por ejemplo». A las administraciones les fueron trasladadas no exactamente 100, unas pocas más: 113 preguntas, para ser precisos.

Las leyes de transparencia en vigor que suelen servir de modelo obligan a las administraciones no solo a responder, a responder bien y a responder en un plazo determinado, sino a dar muestras de transparencia haciendo constantemente públicas una serie de informaciones útiles para el ciudadano. Básicamente, leyes, normativas y decisiones administrativas; información necesaria para que el ciudadano pueda controlar la gestión de los gobiernos e información sobre formas de participación y acceso a los datos oficiales; y servicios que la Administración ofrece. La OSCE, además, considera que los gobiernos deben estar obligados por ley a publicar información sobre su estructura, personal, actividades, decisiones y procedimientos. Los responsables de Access Info piden que el derecho a la información sea considerado un derecho fundamental, y que haya un órgano independiente de control.

FALTA DE COSTUMBRE / El silencio administrativo es la vía favorita de la mayor parte de las administraciones. Según La campaña de las 100 preguntas, eso, el silencio, fue en el 54% de los casos la respuesta. Pero hay algo más grave: existe tan poca cultura de la transparencia, están tan poco acostumbrados los funcionarios a que un ciudadano cualquiera pregunte, por ejemplo, cuanto costó hacer tal parque, o tal carretera, o cuál es el sueldo de tal concejal, o de este ministro, o si finalmente fue ejecutada esta partida o a qué empresa se adjudicó este contrato, que en muchos casos, según Anderica, la respuesta que se encontraban era la siguiente: usted quién es y por qué pregunta eso.