JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Juzgado un exalcalde de Santa Fe del Penedès acusado de empadronamientos falsos de inmigrantes

Subirà asegura que lo hacía por "motivos humanitarios"

J. G. ALBALAT / Barcelona

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«Lo hice pormotivos humanitarios y, además, no erancertificados de empadronamiento, sinoinformes». Con estas palabras se ha defendido hoy antes del juicioMarcel Subirà, hasta el 2009alcaldede Santa Fe del Penedès, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel y multa por haber facilitado una cincuentena de informes de residencia a inmigrantes que, según la acusación, no vivían realmente en la población.

En el banquillo de los acusados de laAudiencia de Barcelona se han sentado esta mañana el exalcalde, una auxiliar administrativa del consistorio y un grupo de cinco extranjeros que presuntamente integraban una organización que introducíaimmigrantesen España.

Según la fiscalía, los cinco magrebís acusados, que se enfrentan a una petición de pena de 9 a 11 años de cárcel, se pusieron de acuerdo para crear una red cuyo objetivo era introducir de forma ilícita en territorio español, a cambio de hasta 7.000 euros, a ciudadanos marroquís. Los inmigrantes, captados en Tánger, cruzaban la frontera ocultos en vehículos.

1.500 euros por el trámite

Una vez en España, eran conducidos a Algeciras, donde permanecían hasta que se hacía efectivo el pago del dinero, y después eran trasladados a diferentes localidades, comoVilafranca del Penedès, donde los procesados ofrecían a los recién llegados regularizar su situación a través de la emisión decertificados de empadronamiento que no respondían a la realidad. El precio de estos trámites eran otros 1.500 euros.

Los acusados e inmigrantes interesados en conseguir estos certificados acudían directamente al Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès, una población de 350 habitantes. En la casa consistorial contactaban con el alcalde. Este recogía los pasaportes y los datos y se los entregaba a la auxiliar administrativa también imputada. Después se elaboraba lo que el fiscal califica de «certificados de residencia», en los que se hacía constar información «irreal» respecto a la estancia de los interesados en el municipio.