JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Juzgado un alcalde por ofrecer padrones falsos a inmigrantes

El exregidor de Santa Fe del Penedès dice que lo hizo por «motivos humanitarios»

El exalcalde Subirà, en el extremo izquierdo, y el resto de los acusados.

El exalcalde Subirà, en el extremo izquierdo, y el resto de los acusados.

J. G. ALBALAT
BARCELONA

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«Lo hice por motivos humanitarios y, además, no eran certificados de empadronamiento, sino informes». Con estas palabras se defendió ayer el hasta el 2009 alcalde de la población de Santa Fe del Penedès (Alt Penedès), Marcel Subirà, al que el fiscal pide cinco años de cárcel por haber facilitado una cincuentena de informes de residencia supuestamente falsos a inmigrantes. En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona se sentaron ayer junto al exedil una administrativa y cinco extranjeros que supuestamente integraban una organización que introducía immigrantes en España.

Según la fiscalía, los magrebís acusados, que se enfrentan a una pena de nueve a once años de cárcel, crearon una red cuyo objetivo era introducir de forma ilícita en territorio español, a cambio de hasta 7.000 euros, a compatriotas. Los inmigrantes, captados en Tánger, cruzaban la frontera ocultos en vehículos. Una vez en España, eran conducidos a Algeciras y de ahí a varias localidades, como Vilafranca del Penedés. En esta población los procesados ofrecían a los recién llegados regularizar su situación a través de la emisión de certificados de empadronamiento que no respondían a la realidad. El precio eran otros 1.500 euros.

Los acusados e inmigrantes acudían Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès, una población de 350 habitantes, donde contactaban con el alcalde. Este recogía los pasaportes y los datos y se los entregaba a la administrativa también imputada. Después se elaboraba lo que el fiscal califica de «certificados de residencia», en los que se hacía constar información «irreal» respecto a la estancia de los extranjeros en el municipio.

SOLO REFERENCIAS / El exalcalde, defendido por el abogado José Santín, del despacho Entrena, admitió que había facilitado informes a inmigrantes que habían trabajado en el municipio, que padecían «un drama familiar» y que necesitaban documentación para demostrar que habían estado allí. «Me daban referencias de que conocían a personas del pueblo o me hablaban de sitios concretos», explicó, aunque admitió que había sido «imprudente» al especificar en los documentos determinadas fechas. «Estaba convencido de que habían residido aquí», indicó. Subirà explicó que los informes no eran certificados, como señala el fiscal. La acusación sostiene que no ha quedado acreditado que el exedil recibiera contraprestación económica alguna por esta labor.