Los trabajadores que decidan acudir a los tribunales para presentar un recurso contra su despido tendrán que abonar una tasa considerable, si bien no será tan elevada como el Gobierno preveía en un principio. El Ministerio de Justicia ha accedido (con el beneplácito de Hacienda, que ha abierto la mano) a aplicar una rebaja del 60% en el tributo previsto en la jurisdicción social. De esta forma, los empleados que recurran contra una extinción o una variación en su contrato tendrán que abonar tasas que oscilarán entre 200 y 300 euros.

Alberto Ruiz-Gallardón.

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 01 de noviembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El nuevo tributo se incluye en una ley que incrementa de forma generalizada, con subidas de entre 50 y 750 euros, todas las tasas judiciales, salvo en el orden penal. La norma, que ha sido rechazada por los partidos de la oposición y la mayoría de los sectores jurídicos, entrará previsiblemente en vigor a primeros de noviembre, después de que la comisión de Justicia del Congreso diese ayer el visto bueno a la norma con pequeños cambios que reducen en algunos casos su efecto en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas. Además de la rebaja en el orden social, el PP introdujo una enmienda que exime del pago en los juicios verbales en los que se dirima una deuda inferior a 2.000 euros.

Los populares aprobaron los cambios en completa soledad, dado que la oposición en pleno se ausentó de la votación para demostrar su rechazo a que una norma que «pone de rodillas a miles de ciudadanos» se haya tramitado «a velocidad de vértigo» y «sin debate».

EL FIN ÚLTIMO / El argumento que esgrime el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para la elevación generalizada de las tasas es que gracias al dinero recaudado las comunidades autónomas, que tienen importantes problemas financieros, podrán no solo hacer frente al pago de la justicia gratuita, sino también ampliar el número de beneficiarios. El Gobierno ha invitado por otra parte a la Generalitat a que ambas administraciones dialoguen para encontrar una fórmula que evite que los ciudadanos catalanes tengan que abonar la tasa estatal y al mismo tiempo la autonómica.