Justicia esquiva la ley y se embolsa el dinero de las tasas judiciales

El Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado repartir entre las comunidades autónomas con el fin de mejorar la justicia gratuita, contra lo que estipula la ley y el compromiso del entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, los 639 millones de euros recaudados entre diciembre del 2012 y enero del 2015 a través de las tasas judiciales de ámbito estatal. Casi el 20% de esa cantidad, 122 millones, fue recaudado en Catalunya en esos dos años y dos meses. «No hemos recibido ni un euros», declaró a este diario la secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat, Maria Josep Feliu.

Hasta principios de este año, cuando el sucesor de Gallardón en Justicia, Rafael Catalá, anuló las tasas para los ciudadanos, estos tenían que pagar de 100 a 1.200 euros fijos en función del litigio, más otras cantidades variables. Ahora, solo las empresas pagan esta tasa.

El Gobierno central no ha transferido fondos logrados con las tasas judiciales a pesar de las de las promesas realizadas por el Gobierno del PP durante la tramitación de l a ley de que los fondos serían asignados a las comunidades autónomas para pagar la asistencia jurídica gratuita y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en cada zona. Pero no solo era una promesa verbal, sino que la misma ley que regulaba esta medida indica en su artículo 11: «La tasa judicial se considerará vinculada (....) al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la ley de presupuestos generales del Estado de cada ejercicio». El servicio de justicia gratuita es competencia de las autonomías.

Rectificación

El Ejecutivo del PP, a través del actual titular de Justicia, afirma ahora que la tasa es un impuesto estatal y que lo recaudado ha sido ingresado en el erario. Es decir, de lo dicho, nada. Como extra, este año, se ha repartido seis millones de euros entre todas las comunidades, dinero, eso sí, no vinculado a las tasas judiciales, sino a otros conceptos. De esa suma, 1,1 millones han viajado a Catalunya

El 21 de octubre del 2012, el PP tumbó en el Congreso las enmiendas de todos los grupos de la oposición en contra del que aún era proyecto de ley tasas judiciales. El clamor en contra de abogados, jueces y fiscales, que consideraban que con ese impuesto se limitaba el acceso a la justicia de los ciudadanos, cayó en el vacío. El ministro Ruiz-Gallardón defendió entonces las tasas con el argumento de que los fondos recaudados se destinarían integramente a pagar la justicia gratuita, competencia de las comunidades autónomas, las cuales tenían dificultades para costearla debido a la crisis. De hecho, el ministro aprovechó el debate para anunciar que con los nuevos ingresos propondría un aumento del número de beneficiarios de la justicia gratuita. Los fondos nunca se han repartido y las comunidades han tenido de hacerse cargo, incluso, del incremento de gastos que supone que haya más personas que acceden a la justicia gratuita.

Las cifras

El diputado de CiU en elCongreso Jordi Jané ha conseguido, a través de una petición de información, que el Ministerio de Justicia le especifique el dinero recaudado a través de las tasas judiciales durante los dos años y dos meses que han estado en vigor para las empresasy los ciudadanos particulares. En toda España se han recaudado 639.137.000 euros. El 2013 fue el año en que más tasas se ingresaron: 316 millones de euros. Al año siguiente bajó un poco: 297 millones.

La comunidad de Madrid aparece en el primer puesto de la lista, con 173,3 millones de euros, ya que en la capital del Estado no solo existen los órganos judiciales ordinarios, sino también el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Después aparece Catalunya, con 122 millones, y a más distancia Andalucía, con 68 millones; el País Vasco, con 45,8 millones; Valencia, con 42,3 millones, y Catanbria, con 39,6 millones. Es la primera vez que el Ministerio de Justicia ofrece estos datos, según confirma el diputado Jordi Jané. .

La secretaria de Relacions amb l'Administración de Justícia asegura que en todas las reuniones sectoriales «se ha reclamado al Gobierno que cumpla con la ley de tasas judiciales y reparta los fondos recaudados, pero no lo han hecho. Hasta las comunidades del PP han mostrado su enfado. Y ahora dice el actual ministro de Justicia que es un impuesto estatal, cuando la misma ley vincula estos impuestos a la justicia gratuita».