La justicia en bloque pide a Gallardón que dé marcha atrás

Por primera vez en la historia, 18 colectivos, entre ellos la práctica totalidad de los sectores jurídicos, los sindicatos (en su doble vertiente, como representantes de los trabajadores del ámbito judicial y del resto) y las asociaciones de consumidores, han hecho un frente común contra un ministro y sus leyes «populistas», «improvisadas», «privatizadoras» e incluso «preconstitucionales». Organizaciones de carácter conservador como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales han unido sus voces al resto de profesionales de la justicia con el objetivo de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón rectifique en sus reformas y escuche las demandas de los expertos. Es más, ante su negativa de dar marcha atrás, desautorizan al ministro y piden una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Jueces, fiscales y el resto de colectivos protagonizaron ayer un «acto público en defensa de la Administración de justicia» como paso previo al paro que hoy llevarán a cabo durante una hora, a partir de las 12.00, en los tribunales de toda España. Además, la amenaza de huelga (que tendría lugar en enero) continúa encima de la mesa, aunque los profesionales judiciales reconocen que es su última opción debido al perjuicio que una acción de este tipo causaría a la ciudadanía.

REUNIÓN CON EL PP / El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y otros representantes judiciales mostraron su deseo de que, antes de tener que recurrir a la convocatoria de huelga, el Ejecutivo reaccione frente a la unión «unánime» e inédita de todos los sectores pese a sus diferencias profesionales e ideológicas. Lo cierto es que en el frente anti-Gallardón están todos salvo el Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (mayoritario en este sector) y los representantes de los procuradores. Aun así, la rebelión es lo suficientemente amplia como para que el PP haya decidido recibirles mañana.

Las organizaciones citadas, con mayor o menor vehemencia, se oponen a casi todas las reformas emprendidas por Gallardón, especialmente a la imposición de unas tasas «abusivas» que según el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, cambiarán «la tutela judicial efectiva por la tutela judicial en efectivo». Asimismo, exigen la retirada de medidas «privatizadoras», como el traspaso de los registros civiles a los registradores a cambio, presuntamente, del pago de ciertos aranceles, y que se dé marcha atrás en el endurecimiento del Código Penal.

CARÁCTER CORPORATIVO / Los colectivos afectados reconocen, no obstante, que sus protestas también tienen un carácter corporativo. Reclaman, por ejemplo, que no se reste poder al Consejo General del Poder Judicial y que no se les equipare al resto de funcionarios al restarles días de permiso o quitarles la paga extra. Aun así, subrayan que sus demandas solo buscan mejorar la justicia como servicio a los ciudadanos.