Banquillo o pacto para los mossos acusados de la muerte de Benítez

Uno de sus tíos le llamaba Chispita. Era un personaje inquieto. Juan Andrés Benítez intuyó cuando era un chaval que iba para bajito y decidió moldear su físico a base de gimnasio, hasta logar un cuerpo atlético y musculoso. En la madrugada del 6 de octubre del 2013, con 50 años, este empresario falleció en el Hospital Clínic. Horas antes, había sido reducido violentamente por agentes de los Mossos d’Esquadra cerca de su domicilio, en la calle Aurora, en el barrio barcelonés del Raval. Este lunes está previsto que se sienten en el banquillo en la Audiencia de Barcelona y frente a un jurado popular seis mossos acusados de la muerte y otros dos por presuntamente eliminar pruebas, borrando machas de sangre o pidiendo grabaciones a los vecinos. 

La incógnita que existe es si se llegará a celebrar todo el juicio o si este será un mero trámite, con la aceptación de un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular, que actúa en nombre de la familia de la víctima, y la defensa de los ocho policías acusados, que están en activo, aunque no patrullan. Todo está en el aire. Tres magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), con su presidente, Jesús Barrientos, a la cabeza, deben decidir (en principio la intención es comunicarlo antes de que se inicie la vista) si expulsan del proceso judicial a la acusación popular, ejercida por la Associació Catalana de Drets Humans (ACDH), la única parte que se opone al preacuerdo.

Si la asociación de derechos humanos queda fuera del proceso judicial, los mossos aceptarán, salvo sorpresas, la comisión de un delito de homicidio imprudente, una condena de menos de dos años de prisión que podría evitar su ingreso en la cárcel y el pago de una indemnización de 100.000 euros a la familia de Benítez. Queda por pulir un aspecto: el tiempo de inhabilitación de los agentes, una cuestión importante para ellos, según fuentes jurídicas. En este supuesto, el juicio sería breve, pues los acusados deben formalizar su conformidad, y no haría falta ni que se constituyera el tribunal popular, pues no debería decidir tampoco nada.

JUICIO COMPLETO

Si el TSJC decide mantener a la acusación popular en el proceso, el juicio será completo, con jurado, y durará un mes. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que en el último momento podría producirse otra oferta para plegar la voluntad de la asociación de derechos humanos: que los mossos acusados dejaran de patrullar por la calle. Otra cuestión es que los policías acepten.

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En la vista que se celebró el jueves en el TSJC para debatir si la acusación popular debe o no seguir en el proceso (se alega que necesita autorización de la familia de la víctima), la fiscala Elena Contreras se refirío, para defender el pacto, al resultado “incierto” del juicio, pues considera que el fallecimiento de Benítez se produjo por la unión de varias causas. Los forenses apuntaron que la contención policial pudo no ser el único factor que la provocó, sino que también pudo influir el consumo previo de cocaína y una dolencia cardiaca.

A pesar de esta opinión, en sus conclusiones provisionales, la fiscala se muestra contundente y exige 11 años de prisión (alternativamente seis años) para los seis agentes que de forma “excesiva y desproporcionada” redujeron el 5 de octubre del 2013 a Benítez y le propinaron “patadas”, “puñetazos”, “rodillazos” e, incluso, golpes de porra, hasta que quedó inconsciente. A las pocas horas, en la madrugada del día 6, el hombre falleció. 

SITUACIÓN DE RIESGO

La fiscalía expone en ese escrito que los agentes “no tenían la intención directa” de matar, pero actuaron “conscientes” de que le provocaban “una situación de riesgo y peligro que podría desembocar en su fallecimiento”. A seis policías, les acusa de homicidio por dolo eventual o alternativamente de homicidio por imprudencia grave, además de un delito contra la integridad moral. A otros dos policías les considera responsables de un delito de obstrucción a la justicia y les reclama un año y seis meses de prisión. La acusación particular y la popular solicitan provisionalmente una pena mayor.

Los mossos argumetan en sus escritos de defensa que se limitaron a acudir a la llamada de un hombre al que, ante su “extrema agresividad y violencia”, tuvieron que reducir con contundencia, pero, señalan, siguiendo los protocolos que en su día aprendieron en la escuela de policía. El abogado Jose María Fuster Fabra sostiene que la maniobra fue correcta y reitera la versión de los agentes de que los golpes solo pretendían “destensarle la musculatura” para poder reducirlo. El abogado del sargento acusado, Andrés Maluenda, alega, por su parte, que su cliente no intervino en la reducción de la víctima.