Juicio a dos acusadas de estafar a 10 familias con adopciones en el Congo

La presidenta y la directora nacional de laAssociació d¿Adopció d¿Infants al Congo de Sabadell, Anna María Sole Prad y Maria Cintia Andreu Ferre, han empezado hoy a ser juzgadas en laAudiencia de Barcelona acusadas de presuntamente haber estafado a 10 familias que desembolsaron de 9.700 a 10.700 euros por los trámites para adoptar en el país africano, pero que, al final, no lo pudieron conseguirlo porque se comprobó que los menores no se encontraban ensituación de desamparo. Las dos imputadas, que se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión, han declarado que desconocen por qué no se pudieron llevar a cabo las adopciones.

La Fiscalía de Barcelona relata en el escrito de acusación que las dos imputadas obtuvieron el 21 de febrero del 2006 del Institut Català d¿Acolliment i Adopció de la Generalitat, mediante el sistema de acreditación directa por razones excepcionales, autorización para tramitaradopciones internacionales en laRepública Democrática del Congo y en la República del Congo, a través de la Associació d¿Adopció d¿Infants al Congo (ADIC), con sede en la calle Setmenat de Sabadell.

Según la acusación, después de haber realizado con éxito la mediación para la adopción de algún menor, las directivas de la entidad sin ánimo de lucro encausadas se comprometieron con una serie de familias a tramitar sus peticiones, “pese a ser conscientes de la imposibilidad de llevarlas a cabo y utilizando en los procesos de adopción documentación relativa a menores manifestamente inveraz o alternada en forma y contenido por personas cuya identidad no se ha acreditado”.

La acusación pública detalla el caso de 10 familias que entregaron de 9.700 a 10.700 euros para poder adoptar a un menor congoleño y que no lo consiguieron porque supuestamente fueron engañadas. En algunas ocasiones, el niño o niña no estaban en situación de desamparo y en otras tenía padres biológicos, incide la fiscalía. Tras el fracaso de la mediación, el dinero que desembolsaron las familias no les fue devuelto por la asociación dirigida por las imputadas. La Generalitat si les retornó una parte importante de los fondos.

Casa cuna

La delegada nacional de ADIC, Maria Cinta Andreu, ha declarado durante la primera sesión del juicio, que se prolongará hasta el jueves, que los niños si que estaban en situación de abandono y que prueba de ello es que vivían en una casa cuna que la asociación había montado en la República Democrática del Congo y en la República del Congo.

“Nadie los reclamó”, ha indicado. Además, ha explicado que la entidad que dirigía (dejaron de tener permiso para tramitar adopciones en agosto del 2006, tras estallar el escándalo) tenía como colaboradora a dosasociaciones congoleñas, que eran quienes se encargaban de los trámites burocráticos en sendos países africanos. Sin embargo, ha reconocido que desconoce porque las 10 familias afectadas no pudieron finalmente adoptar. También desmintió haberse quedado con su dinero. “No sólo no me he quedado dinero, sino que puse del mío”, ha afirmado.

La otra acusada, Anna Maria Sole, ha asegurado que, como presidenta de la entidad, participaba en las juntas que decidían las líneas a seguir, pero que no trabajó ni cobró sueldo alguno de la asociación. Ha admitido que tampoco sabía por qué no se pudieron llevar a cabo las adopciones.