INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES
El juez reclama datos sobre la adjudicación del nuevo Hospital de Sant Pau
El magistrado también reclama datos sobre las personas que podrían haber cobrado por cargos ficticios
El juez que investiga las presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha solicitado a la fundación que administra la entidad documentación para aclarar si existió o no sobre coste en la construcción del nuevo centro hospitalario situado en la parte alta del recinto. El magistrado Juan Emilio Vila Mayo ha requerido al centro sanitario para que en el plazo de cinco días aporte los expedientes relativos a la adjudicación de la obra del edificio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las constructoras OHL, EMT y Guinovart. La construcción del nuevo centro, que se inauguró en el 2009, acumulares presuntamente una desviación presupuestaria de 77 millones de euros tras una serie de modificaciones.
El magistrado precisa en el auto en que solicita esta documentación que "dichos datos afeta a la intimidad empresarial, pero la afectación debe ceder, ante el interés primordial de la investigación procesal, que de otra manera quedaría frustrada". La "injerencia", a su entender, persigue un fin legítimo, "cual es el avance de la investigación". Contra esta resolución cabe recurso.
Otras sospechas
El presunto sobre coste de las obras es una de las líneas de investigación. Otras son: el ingreso de fondos en las distintas fundaciones que componen el Hospital de Sant Pau y la existencia de supuestos contratos ficticios. Respecto a este último aspecto, el juez ha reclamado a la Agencia Tributaria las declaraciones de José Ignacio Cuervo, del PSC y delegado de la Generalitat en Madrid entre el 2007 y el 2011, durante el Gobierno tripartito, Ricardo Angel Gutiérrez, que ostentó diversos cargos en la sanidad pública en los gobiernos del PSOE, y Mercé Cruells, exdirectiva del Servei Català de la Salut (Catsalut). Todos ellos han estado vinculados al centro sanitario. También ha pedido constatar que los contratos fueron presentados para su registro en la Oficina de Trabajo de la Generalitat, y, en este caso, pide fechas y número de registro. En caso contrario, el juez pregunta si por sus características debería presentarse en otro organismo.
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