El juez de Barcelona Juan Emilio Vila Mayor ha citado hoy a declarar como imputados a dos altos cargos del hospital de Sant Pau que han sido denunciados por una trabajadora del centro y un sindicato de enfermería por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de malversación de fondos públicos o apropiación indebida. Los directivos que deberán comparecer hoy en el juzgado para ser interrogados son Albert Folia, presidente hasta hace solo una semana del patronato de la fundación de gestión sanitaria del hospital, y el administrador de la Fundació del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la primera entidad que se constituyó y que rentabi-

Varias personas en la sección nueva del hospital de Sant Pau i la Santa Creu, ayer. ÁLVARO MONGE

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Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 30 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

liza los bienes e inmuebles recibidos como donación por la institución.

En el auto, el magistrado no especifica el nombre del administrador de esta fundación, conocida como la patrimonial, ya que es un cargo rotatorio entre los seis miembros del patronato de esta entidad: dos de ellos representan a la Generalitat, dos al Ayuntamiento de Barcelona y otros dos del Arzobispado de Barcelona. Las investigaciones, sin embargo, afectarían a más gestores y patronos que ha tenido Sant Pau, entre ellos excargos políticos. El hospital está

financiado con fondos públicos.

A pesar de que los dos altos cargos ahora imputados son recientes, la denuncia de la radióloga Carmen Pérez se remonta a presuntas irregularidades de 1991, cuando los trabajadores del hospital pasaron a depender, de «forma inconsciente e involuntaria» de la Fundació Gestió Sanitaria. Es decir, dejaron de ser empleados de una fundación «solvente y de un gran patrimonio» (la originaria y creadora del hospital, la Fundació del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) para pasar a una institución sin capital y «deficitaria».

El juez detalla en el auto que el meollo de la denuncia es la existencia de dos fundaciones que actuarían en una «unidad de empresa hospitalaria». Esta dualidad, que se mantiene hoy, habría supuesto que los empleados de una pasaran a depender de la otra, lo que podría ser un delito contra los derechos de los trabajadores. El magistrado también se refiere a «supuestos contratos irregulares», que se concretarían en «empleos ficticios», en detrimento de una de las fundaciones, lo que puede ser delito de malversación. Lo mismo sucedería con el pago irregular de patrones, prohibido por la ley.

CARGOS POLÍTICOS / La denuncia relata que «no ha sido un hecho inhabitual» que personas vinculadas a partidos políticos hayan sido contratadas por el hospital para desempeñar, de forma más o menos aparente, funciones directivas. Uno de ellos es José Ignacio Cuervo, del PSC y delegado de la Generalitat en Madrid entre el 2007 y enero del 2011. Dos meses después de ser relevado, firmó un contrato con la fundación que gestiona el hospital. Es patrono de

la Fundación del Institut de Recerca, la tercera fundación del hospital.

Ricard Gutiérrez Martí, que ha ostentado cargos en la sanidad pública, fue designado en el 2000 gerente adjunto de una de las fundaciones. Este exdirectivo podría haber seguido recibiendo dinero del hospital durante varios años tras dejar el cargo y quizá cobró una indemnización. La denuncia agrega otras supuestas anomalías, como la del patrono Joan Ros Petit, que representa al Arzobispado de Barcelona, y cuyo despacho profesional ha cobrado del centro en conceptos de «honorarios». La denuncia sostiene que los responsables de Sant Pau han destinado fondos públicos a «fines ajenos a aquellos para los cuales les habían sido encomendado, favoreciendo y permitiendo el enriquecimiento de personas respecto a las que les une vinculaciones personales» o con la intención de favorecer influencias o «recompensar» favores.

No es la primera vez que el escándalo sacude Sant Pau. La Generalitat intervino el hospital el pasado marzo al haberse detectado una deuda en el 2011 de 18 millones de euros. A principios de año, fue cesada la directora del recinto histórico del centro, Gemma Sendra, que en su despedida pidió más «transparencia».