Un juez examina de 'españolidad' a los aspirantes a nacionalizarse

Dice Fernando Antezana Tapia –boliviano con residencia en España desde hace cuatro años, licenciado en Medicina y estudiante del MIR– que el pasado mes de abril, cuando se presentó junto a su esposa ante el magistrado del Registro Civil de Getafe (Madrid) para formalizar uno de los trámites de su solicitud de nacionalidad, ocurrió esto:

–Siéntese –le dijo, sin levantar la cabeza del escritorio, el juez José María Celemín Porrero–. Firme estos papeles. ¿Cuáles son los valores absolutos de la Constitución?

Entre la rúbrica de los documentos, el frenético ritmo de la entrevista y lo abrupto del trato dispensado, Antezana, como un año antes que él la colombiana Marina Naranjo –la primera que se quejó del cuestionario al que sometía Celemín a los candidatos a ser españoles–, fue incapaz de dar una respuesta coherente.

–No es así –le corrigió el magistrado–. Siga firmando. Y nombre a tres poetas españoles de posguerra.

El postulante, desplazado hasta allí para acreditar su integración en la sociedad española –un requisito indispensable a la hora de adquirir la nacionalidad– tampoco dio con la respuesta adecuada.

–No. Siga firmando. ¿Qué ocurrió en España en 1868?

Entre tres y cinco minutos después de haber entrado en el despacho, Antezana estaba fuera. Según supo más tarde, uno de los papeles que signó sin conocer su contenido, porque dice que no tuvo tiempo de leerlo, era la aceptación de que se encontraba lejos de estar integrado.

PAELLA Y MONARQUÍA / Celemín Porrero es un juez que cree que la mejor manera de calibrar la integración de un inmigrante pasa por interrogar al candidato sobre la guerra civil española, sobre los nombres del alcalde de Getafe, los príncipes de Asturias, el Rey, la Reina o la vicepresidenta del Gobierno; sobre algún escultor nacido a finales del siglo XIX, sobre quiénes eran Salvador Dalí, Pablo Picasso, Arturo Pérez-Reverte, Bartolomé Esteban Murillo, Antonio Machado o Lope de Vega; sobre qué se celebra el 12 de octubre de cada año, o sobre los ingredientes principales que componen una tortilla de patatas, un cocido madrileño o una paella valenciana.

El formulario histórico-cultural-gastronómico de Celemín lo contó por primera vez el diario Latino, y ayer oenegés, colectivos de letrados y fuentes judiciales debatían sobre si la ley le permite o no realizar un interrogatorio de este tipo, confeccionado por él mismo, a los foráneos que acuden hasta su mesa de trabajo. El artículo 221 del reglamento del Registro Civil establece que quien está al frente de dicho organismo «oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y el estilo de vida españoles».

APLICAR O CREAR / Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, una oenegé que está agrupando ahora a los «afectados» por el juez –de momento son 15–, sostuvo que el juez no está «aplicando la ley» sino «creando una nueva». El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) opinó que se estaba «extralimitando con preguntas que exceden el nivel de cultura general». Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cambio, le defendió diciendo que el examen oral pretendía «evitar fraudes en la adquisición de la nacionalidad»; que quien decide sobre la entrega del pasaporte español es el Ministerio de Justicia y no el titular del Registro Civil, quien se limita a redactar el llamado informe de integración; y que, de todas maneras, el juez Celemín no ha redactado hasta el momento un informe negativo basándose en las respuestas a sus preguntas un tanto caprichosas. Lo cual plantea el interrogante de por qué el magistrado lleva a cabo un examen de este tipo, si después no echa mano de los contestaciones a sus preguntas. Respuesta: se desconoce.