Un juez antiabortista impulsó el fallo de la píldora poscoital

Un magistrado conservador, miembro numerario del Opus Dei y reconocido militante antiabortista, el exdiputado del PP Andrés Ollero, es el juez ponente de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que el lunes amparó a un farmacéutico de Sevilla sancionado en el 2008 por negarse a vender preservativos y la píldora poscoital por razones de conciencia. La clara posición de Ollero en contra la interrupción del embarazo hizo que ayer arreciaran las críticas por la supuesta carga ideológica del fallo. Una cuestión a la que alude incluso uno de los votos particulares de la sentencia, el de la magistrada Adela Asua, quien señala que esta «parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la sombra ideológica que lo guía».

De momento, el Gobierno andaluz ya ha anunciado que estudia recurrir contra el fallo, al considerar que «vulnera los derechos de las mujeres». El Ejecutivo regional argumenta además que la ley de salud sexual y reproductiva solo ampara el derecho a la objeción de conciencia en el personal médico sanitario que interviene directamente en una interrupción del embarazo, lo que a su juicio excluye a los farmacéuticos.

En cualquier caso, la Consejería de Salud aseguró que el Ejecutivo andaluz «velará» para que las mujeres sigan disfrutando de todos sus derechos y puedan acceder a «todos los métodos anticonceptivos a su alcance». Lo que incluye, apuntó, la disponibilidad en las oficinas de farmacia de aquellos productos que la norma de tenencia obligada exige, como los medicamentos anticonceptivos y contraceptivos.

CASO EXCEPCIONAL /En este sentido, fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla señalaron que el boticario amparado por el TC es un caso excepcional en la provincia, donde no se han registrado otras quejas por este motivo, por lo que no temen que se produzca una avalancha de reclamaciones para ejercer el derecho de objeción de conciencia.

Según el colegio, los farmacéuticos que quisieron pudieron acogerse en su momento --cuando se anunció que la píldora iba a dispensarse en farmacias sin receta médica-- al registro de objetores, un mecanismo sujeto a voluntad de cada órgano colegial. En cualquier caso, los boticarios están obligados a disponer del medicamento y a ofrecer información sobre el centro más cercano donde acceder al mismo. Catalunya va un paso más lejos y, como recuerda la secretaria del Consell de Col·legis Farmacèutics, Pilar Gascón, existe un protocolo consensuado con Salut que obliga no solo a dar información, sino a dispensar la píldora en caso de extrema urgencia (su efectividad alcanza las 72 horas desde la relación sexual sin protección). En Catalunya no se ha recibido ninguna queja formal sobre la negativa a dispensar la píldora.

«Con más o con menos ganas se cumplía la normativa y ninguna mujer se ha quedado sin anticonceptivos», insistieron ayer desde colegio profesional de Sevilla, además de destacar que la botica que reclamó ante el TC destacaba por hacer «ostentación» de sus razones ideológicas.

Por su parte, el farmacéutico al que el Constitucional da la razón, Luis Melero, también del Opus Dei, se mostró ayer satisfecho con la sentencia e insistió en que los preservativos y las «pildoras abortivas» van en contra de su conciencia «y el derecho a la vida». El TC sí le obliga a dispensar preservativos, pero él asegura que estudiará bien el fallo para evaluar si acaba dispensándolos.