INVESTIGACIÓN de una concesión de explotación

El juez ve amaño en el concurso para reabrir la mina de Aznalcóllar

Mina de Aznalcóllar, donde en 1998 se produjo un grave vertido tóxico al romperse la balsa de la empresa Boliden.

Mina de Aznalcóllar, donde en 1998 se produjo un grave vertido tóxico al romperse la balsa de la empresa Boliden.

JULIA CAMACHO / SEVILLA

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Iba a ser el proyecto estrella, el que debía reactivar la minería en una comarca muy tocada por el paro y bajo la sombra aún del riesgo de un nuevo vertido tóxico como el de 1998. Pero la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) vuelve a la primera plana no por cuestiones ambientales, sino por las irregularidades en un proceso de adjudicación llevado a cabo «sin el mínimo rigor». Un juez investiga ahora el presunto amaño del concurso a favor de Minorbis-Grupo México, denunciado por la empresa perdedora, Emerita Resources, que apunta además la vinculación de la adjudicataria con dirigentes socialistas y altos cargos autonómicos de los últimos años.

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, bajo cuyo mandato se realizó el concurso, ordenó ayer mismo la paralización del proyecto mientras se aclara todo. Entre tanto, los responsables de la Dirección de Industria Energía y Minas ponían «la mano en el fuego» por la legalidad del proceso y auguraban que todo se aclarará en cuanto el juez les tome declaración, como solicita en un auto dado a conocer ayer, y le puedan explicar el «novedoso procedimiento» seguido. Defendían además que se llevó a cabo a través de funcionarios y de la propia Intervención, lo que garantizaba la imparcialidad del proceso.

Pero la justicia pone en solfa estas afirmaciones. El juez que instruye el caso tras la denuncia de Emerita insiste en la existencia de indicios de «graves irregularidades» que permitieron el triunfo de una oferta inferior, y apunta que «no se aprecia que la entidad Minorbis-Grupo México o Minorbis SL cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación».

En estos momentos, la investigación apunta a los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.

LITIGIO DE COMPETENCIAS / El concurso salió adelante tras un litigio de competencias con el Gobierno central, y solo tras la ruptura del pacto de Gobierno con IU, que ayer mismo recordó que sospechó del expediente y lo paralizó mientras pudo al entender que era «fraudulento». Pero finalmente la adjudicación se llevó a cabo un mes antes de lo previsto, y en puertas de la campaña de las autonómicas, recordó ayer el alcalde de Aznalcóllar, Agapito Ramírez (IU).

Los denunciantes relataron al juez que desde el pasado año «ya se sabía» que Minorbis --que presumía de su relación con la Junta-- iba a ser la adjudicataria, y que la matriz de esta empresa, Magtel, estaba relacionada con un alto cargo del Ejecutivo andaluz en Córdoba, además de con varios dirigentes socialistas. En su querella mencionaron las buenas relaciones con las administraciones central y autonómica, que le permitieron beneficiarse de numerosas subvenciones y ayudas especialmente entre los años 2011 y 2012. Por si fuera poco, también los ecologistas pusieron el grito en el cielo dado que la otra pata del consorcio, el Grupo México, protagonizó en el 2014 el mayor desastre medioambiental en ese país, un vertido similar al ocurrido a las puertas de Doñana.